“Independientemente de que se bajen penas, que eso es indudable, el sistema sigue protegiendo a las mujeres. Quiero transmitirles un mensaje de confianza”, destaca el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, tras las primeras reducciones de condenas a delincuentes sexuales en Bizkaia por ‘la ley del solo sí es sí’.

¿Cómo valora las rebajas de penas a agresores sexuales en Bizkaia?

Lo que han hecho los magistrados y magistradas de la Audiencia de Bizkaia es aplicar la ley. Han constatado que en dos condenas firmes, que habían dictado en el pasado más reciente, con la aplicación de la nueva ley la pena que corresponde es inferior y han aplicado la legislación más favorable al reo, que es uno de los mandatos constitucionales. Los jueces nos limitamos a aplicar la ley. Si con la ley el mismo hecho se entiende que está penado de una forma inferior, hay que reducir la pena.

Haciendo lo que, según dice, están obligados a hacer, ¿cómo reciben los jueces las críticas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien les acusa de “machismo”?

Desgraciadamente estamos acostumbrados a que se critique por cualquier cosa al Poder Judicial, pero obviamente no se reciben bien unas críticas como estas porque son injustas. Habla de algo que es falso. La carrera judicial está muy bien formada en todas las materias, también en perspectiva de género, y está en constante actualización. La aplicación que se hace es con esa perspectiva sin ningún género de dudas. Decir que los jueces son machistas en general es algo muy injusto. Vivimos en una época en la que nos quedamos con los titulares. La ministra dice que la aplicación es “machista”, pero no explica por qué. Se queda en eso y nos lo tomamos mal porque es algo genérico, injusto y falso.

Los ciudadanos esperaban que esta ley endureciese las penas y la primera noticia que tienen es de estas rebajas. No entienden nada.

Comprendo esta reacción porque son unos delitos especialmente odiosos y reprochables, pero los jueces no hacemos las leyes. Sobre esa cuestión el Consejo General del Poder Judicial advirtió expresamente y esa advertencia parece ser que fue desoída. Si se emite una opinión técnica por un órgano cualificado, en este caso, un órgano constitucional, cuanto menos habría que mirarse bien qué es lo que dice. Quizás deberíamos sacar la conclusión de que no se debe despreciar el sistema institucionalmente creado para emitir una ley, que es un sistema equilibrado, en pos de una lucha política. Máxime cuando se trata de una ley tan importante que reforma el Código Penal, en el que se pone en juego la libertad de las personas.

Resulta más incomprensible aún si el CGPJ avisó de que se podían dar estas revisiones a la baja...

A veces se discute mucho entre los vocales, pero en este caso hubo unanimidad al firmar ese informe en el que se avisaba de ese riesgo.

¿Por qué no se tuvo en cuenta?

A mí me da la impresión de que, como consecuencia de la lucha política tan enconada que existe, no se atendió al sistema institucional. ¿Cree que estas revisiones de condenas a la baja transmiten la sensación de que los delitos contra la libertad sexual salen ‘baratos’? Obviamente ese mensaje no es bueno, pero yo quiero romper una lanza por el sistema judicial especialmente creado para proteger a las mujeres. En Euskadi la Ertzaintza está perfectamente conectada con todos los juzgados de violencia de la mujer y los juzgados que atienden los delitos contra la libertad sexual para proteger a las mujeres. No quiero que quede la conclusión de que con esto las mujeres están desprotegidas. Las penas son inferiores, pero a las mujeres se las protege por un sistema policial y judicial que las tiene en cuenta y aplica las leyes con la perspectiva de género. Independientemente de que algunas condenas de delincuentes sexuales sean más cortas, siguen siendo condenas y se sigue protegiendo.

A las personas afectadas por las reducciones de las condenas de sus agresores se les tiene que caer el mundo encima.

Eso es perfectamente comprensible y nos hacemos cargo, pero insisto en la necesidad de que se confíe en el sistema de protección institucional que tenemos.