Una media de 114 días transcurren en Euskadi desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación, la comunidad autónoma con el plazo más bajo, según los datos del segundo trimestre de este año, donde se observa también una tendencia la baja con respecto a trimestres anteriores.
En el otro extremo se sitúan Canarias con un plazo de 1.080 días y Andalucía con 544. Después están Murcia con 478 días y Extremadura con 389. Las cuatro están por encima de la media de 385, según los datos del Imserso relativos a cuatro trimestres, desde julio de 2021 a junio de 2022.
En este periodo Euskadi ha visto reducido el periodo de solicitud en 27 días, cosa que no sucede con otras regiones como en Canarias, donde el incremento ha sido de 99 días, seguida de Castilla y León (con 76 días más), Baleares (47), Cantabria (45), Madrid (31) y Melilla (27 días).
Estos datos han llevado al grupo de expertos que por encargo del Ministerio de Derechos Sociales ha evaluado el sistema de atención a la dependencia (SAAD) a calificar una vez más la lentitud del proceso como el principal problema que ha afectado al procedimiento de acceso al sistema desde sus inicios.
El problema, dice el informe, "se traduce en un acceso lento a los servicios necesarios, y también en la situación conocida popularmente como el 'limbo de la dependencia' y que incluye una diversidad de situaciones en las que hay personas con reconocimiento de dependencia, pero sin acceso a prestaciones o servicios".
Las comunidades con los tiempos más largos tienen su principal retraso en la fase de valoración, aunque los plazos de personalización también son excesivos, con la excepción de Cataluña (324 días), que tiene plazos más largos para la personalización que para la valoración.
Señala también el informe que dos de esas comunidades, precisamente las que tienen plazos más largos (Canarias y Andalucía) tienen además un número significativo de personas con Programa Individual de Atención (PIA) "no efectivo".
Los expertos apuntan como principales causas de los retrasos a la insuficiencia de medios humanos, en especial personal técnico valorador, y las rigideces derivadas de un procedimiento administrativo prolijo, poco eficiente y con fuerte tendencia a atascarse en cuanto falla algún elemento, que se convierte en un problema serio en el momento en el que aparecen errores o insuficiencias en la documentación.
También, a las dificultades para asegurar una visita de valoración en situaciones de cambio de residencia, de hospitalización u otras ausencias; a la falta o insuficiente informatización del proceso; a los problemas de acceso e intercambio de información entre administraciones; y a la falta de disponibilidad de los servicios necesarios.
