Una ayuda directa de 7.200 euros por hijo a razón de 200 euros al mes durante los tres primeros años. Esta es una de las 36 medidas que contempla la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico que persigue crear “un ecosistema de medidas y condiciones favorables para la recuperación demográfica”
El pasado 29 de octubre de 2020 mediante una proposición no de ley, el Parlamento Vasco planteó al Gobierno Urkullu la necesidad de confeccionar un plan sobre reto demográfico de carácter interdepartamental e interinstitucional, para el desarrollo de políticas públicas de fomento de la natalidad, de ayuda a la conciliación laboral y familiar, de impulso del envejecimiento activo, de promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de lucha contra el despoblamiento rural, entre otras medidas.
Tal y como avanzó el lehendakari Urkullu, la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico persigue crear “un ecosistema de medidas y condiciones favorables para la recuperación demográfica” y, entre otras actuaciones, contempla una ayuda directa de 7.200 euros por hijo a razón de 200 euros al mes durante los tres primeros años.
El Consejo de Gobierno ayer martes una estrategia que pivota sobre cinco ejes: emancipación juvenil, construcción de familias, envejecimiento saludable, inserción migratoria y revalorización rural, y que incorpora dos valores transversales: la perspectiva de género y el reconocimiento y apoyo a la diversidad familiar.
Así lo ha explicó el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, quien puso de relieve que la estrategia incorpora las 74 resoluciones aprobadas en el pleno monográfico sobre reto monográfico que el Parlamento Vasco celebró el pasado 18 de mayo.
En esa sesión plenaria el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya avanzó las medidas más destacadas de la estrategia, como la ayuda de 200 euros al mes por descendiente hasta los tres años, que serán compatibles con las prestaciones a familias numerosas entre los 4 y 7 años, las actuales deducciones fiscales y las ayudas por contempladas en la RGI.
Haurreskolas gratuitas
También se prevé la gratuidad en la etapa de 0-2 años de las escuelas infantiles a través del refuerzo de las haurreskolas, así como la concesión de préstamos sin intereses y con posibilidad de devolución a largo plazo para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda para jóvenes.
Estas medidas tienen un presupuesto estimado de 150 millones al año: 125 para las ayudas mensuales, 20 para la concesión de préstamos y 5 para la gratuidad en el Consorcio de Haurreskolak. Son en todo caso cifras “muy aproximativas” a la espera de estudios más detallados. Las ayudas por hijo entrarán en vigor en enero y si la tramitación se retrasara se concederían con efecto retroactivos a esa fecha.
La gratuidad de las haurreslokas está prevista para el curso 2023-2024 y los préstamos se podrán pedir “en 2023” aunque sin fecha concreta dado que antes es necesario analizar los préstamos que ya existen en el Gobierno “para evitar duplicidades”.
Todas estas medidas forman parte de un primer bloque de acciones que buscan un impacto a corto plazo. Hay un segundo bloque con varios objetivos: la emancipación juvenil mediante actuaciones orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y al empleo o emprendimiento; la conciliación y la crianza; el envejecimiento pleno y saludable, y la atracción e integración de personas migrantes.
El tercer y último bloque se centra en prevenir el envejecimiento y la despoblación en el medio rural y en velar por que las actuaciones recogidas en la estrategia tengan presupuesto y se haga seguimiento de las mismas.
EstrategiaMismo grado de protección socialCambio.
Jonan Fernández subrayó que “la estrategia parte del reconocimiento del profundo proceso de cambio en que se encuentran inmersas las estructuras familiares, y busca que esa pluralidad de expresiones familiares cuente con el mismo grado de protección social”. Se persigue el reconocimiento y apoyo de la diversidad familiar, la igualdad de trato y la no discriminación de personas y familias. También es referencia preferente de esta estrategia promover la autonomía, vida plena y participación social de las personas mayores a lo largo de todo el ciclo vital, propiciando el aumento de la esperanza de vida saludable y adecuando las políticas, servicios y programas , capacidades o intereses de las generaciones de mayores.
