Los intentos del Gobierno de Urkullu por frenar la pandemia se han encontrado con un nuevo varapalo judicial, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se haya posicionado en contra de permitir la implantación del pasaporte covid. Desde que se inició la pandemia en marzo de 2020, ya han sido siete las ocasiones en las que el TSJPV ha tumbado una decisión del gabinete de Urkullu para intentar frenar los contagios.

En estas decisiones ha jugado un papel importante el magistrado Luis Ángel Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV y protagonista en estos meses de pandemia de habituales desencuentros con el Gobierno vasco.

No obstante, en esta ocasión cabe señalar que el juez Garrido sí era partidario de dar una respuesta positiva a la petición del Ejecutivo para poder implementar el pasaporte covid en el ocio nocturno y en los restaurantes con una capacidad mayor a los 50 comensales. En la resolución emitida este lunes por el tribunal, figura el voto particular de este magistrado pronunciándose a favor de la imposición del certificado sanitario.

En sus argumentos, el magistrado razona su posición recordando que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de implantar el pasaporte covid. Además, manifiesta que el Alto Tribunal ha avalado esta medida en base a razonamientos parecidos a los que expresaba el Gobierno vasco en la petición que hizo llegar al TSJPV.

Por otra parte, el magistrado Garrido recuerda que el Supremo ya calificó de "tenue" la limitación a los derechos fundamentales al aplicar una medida como la de implantar este certificado sanitario. "En consecuencia, si se considera tenue la limitación de derechos puede afirmarse que las medidas planteadas por la Administración en este caso, superan el juicio de proporcionalidad aun cuando pueda dudarse de la intensidad de su efectividad", argumenta el juez.

"El hecho de que la Orden excluya a los menores de 12 años, aun cuando puedan contagiar el SARS-COV-2 viene representado por el dato de que no hayan podido vacunarse, evitando así su discriminación. Bien es cierto que puede haber algún otro colectivo que por razones de enfermedad no haya podido ser vacunado pero pueden obtener el pasaporte Covid mediante pruebas específicas, aun cuando tal pasaporte tendría una duración limitada", figura en el voto particular del magistrado.

Por estos argumentos, Luis Ángel Garrido Bengoetxea concluye en su voto particular que "la medida propuesta por el Gobierno vasco es adecuada, idonea y proporcionada en relación con los bienes jurídicos en conflicto: salud pública versus intimidad e igualdad. Como conclusión entiendo que debió concederse por el Tribunal la autorización solicitada" por el Ejecutivo de Urkullu, algo que finalmente no ha ocurrido.