El Gobierno español solía comparar la primera fase de la pandemia del coronavirus con una guerra, pero en las últimas semanas las comunidades autónomas tienen que combatir con el fusil descargado.

El lehendakari Urkullu ha escrito una nueva carta al presidente Sánchez para pedirle que adopte decisiones urgentes que supongan volver a la mascarilla obligatoria sin excepción en los entornos urbanos, y que dote esta misma semana de un marco de seguridad jurídica a las comunidades autónomas para que puedan aplicar, si lo ven necesario, un toque de queda nocturno y limitar el número de personas en las reuniones. Plantea una actuación urgente ante el virus, desbocado entre los jóvenes.

Urkullu ya intentó sin éxito que Sánchez prorrogase el estado de alarma el 9 de mayo para seguir actuando contra el virus y no quedar a merced de las decisiones contradictorias de los tribunales. Las dos restricciones que plantea recuperar (toque de queda y reuniones) son muy limitadas, suponen acotar unas horas determinadas la movilidad y el número de personas, y no afectan al confinamiento total en casa o a los cierres perimetrales de la comunidad o los municipios, con la intención de no chocar así con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado la suspensión de derechos durante el primer estado de alarma.

En principio, el Gobierno español se abre al diálogo pero mantiene que las comunidades ya tienen herramientas suficientes, a pesar de que los tribunales han tomado decisiones contradictorias y han tumbado los toques de queda en comunidades como la vasca. Sánchez, mientras tanto, se encuentra de viaje relámpago en Estados Unidos.

QUITARSE LA MASCARILLA

En la carta enviada el lunes, por un lado, solicita a Sánchez que modifique in extremis el decreto que se vota el miércoles en el Congreso de los Diputados y recupere el uso constante y obligatorio de la mascarilla al aire libre en los entornos urbanos. Solo podría dejarse el cubrebocas en el bolsillo en los espacios naturales sin concurrencia de personas. En este asunto, la competencia es del Estado.

El decreto de Sánchez que entró en vigor el 26 de junio y debe ser ratificado para seguir en funcionamiento pone el foco en liberarse de la mascarilla y en que solo debe llevarse cuando no sea posible garantizar una distancia de un metro y medio con otras personas. Se ha interpretado de manera laxa en determinados ámbitos sociales y ya ha motivado las peticiones de reconsideración no solo de Urkullu (adelantada este domingo en DEIA), sino también de Cantabria (PRC), Castilla y León (PP) y Catalunya (ERC y Junts), y un gobierno socialista, Baleares, ha retocado la redacción para poner también la prioridad en el mensaje de la obligación.

TOQUE DE QUEDA Y REUNIONES

Por otro lado, ante el caos judicial y las decisiones contradictorias en los tribunales superiores, le pide que adopte las medidas necesarias para dotar a todas las comunidades de un marco de seguridad jurídica suficiente "para poder aplicar, de inmediato, medidas necesarias como la limitación de la movilidad nocturna o el número máximo de agrupaciones de personas".

Quiere que se haga con urgencia, esta semana, ante el avance desbocado de los contagios entre los jóvenes. Si el lehendakari tuviera esta percha, se podría concretar en la reunión del LABI del jueves la franja horaria, aunque puede ser una pista la recomendación para no celebrar reuniones en parques y playas desde la medianoche y hasta las 6.00 horas. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, anunció esta carta en rueda de prensa y aseguró que el lehendakari ha dado el paso de realizar la petición formal "en nombre de una cogobernanza real y efectiva".

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó al lehendakari todas las medidas, tanto el toque de queda como la limitación de las reuniones y los cierres perimetrales. Se ha quedado sin margen y necesita una solución. Desde la comunidad autónoma se ha impulsado una Ley Antipandemia que apuesta por la mascarilla pero, sin embargo, necesita cobertura estatal para esa cuestión y la movilidad nocturna.

NI EN NAFARROA NI EN CANARIAS

El toque de queda tampoco se ha permitido en Nafarroa ni en Canarias, que ha decidido recurrir al Tribunal Supremo. En otros casos, como en la Comunidad Valenciana o Cantabria, sí se ha permitido. Urkullu ya aclaró que no iba a judicializar un asunto que es cuestión de voluntad política, y partidos como el PP también piden cobertura estatal. Sánchez no prorrogó el estado de alarma y lo dejó todo en manos de un Tribunal Supremo que tampoco ha unificado con claridad el criterio.

Desde el entorno del lehendakari no concretan qué cauces legales podría emplear Sánchez, aunque recuerdan que tiene a su disposición todos los resortes del Estado.

No concretan si la solución podría pasar por que Sánchez elevara una consulta previa al Supremo, la aprobación de una Declaración de Actuaciones Coordinadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad (su fuerza jurídica parece dudosa en un momento en el que se ha cuestionado hasta el estado de alarma), o un nuevo estado de alarma u otro de excepción.

Lo que plantea Urkullu no implica que todas las comunidades tengan que aplicar las mismas medidas, sino que tengan las herramientas y la opción de hacerlo.