El Gobierno vasco prepara la implantación en Euskadi del programa Barnahus, un modelo de atención a menores víctimas de delitos en un espacio en el que los afectados pueden proporcionar un testimonio “detallado y completo” de lo vivido, “lejos de hospitales y comisarías”.
Los representantes de los estamentos que intervienen en el caso, tanto judiciales como sociosanitarios, se desplazarían a ese lugar “seguro” que se habilitaría gracias a esta iniciativa, desarrollada en coordinación con Save the Children.
De este proyecto habló la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante la inauguración del curso de verano Memoria de testigos y sistema legal, que abordará “las buenas prácticas que mejoren la intervención de los expertos en la obtención y valoración de los testimonios”.
“Tratamos de crear un espacio seguro para atender a niños, niñas y adolescentes, donde pueda realizarse una evaluación, minimizando los efectos traumáticos y maximizando la posibilidad de obtener evidencias físicas y psicológicas”, explicó la consejera sobre el modelo de las Casas de los Niños (Barnahus en islandés) que surgió en 1998 en Reikiavik, donde se creó el primer centro dirigido por el sistema de protección para evaluar a menores víctimas de abuso sexual.
Artolazabal dijo que su departamento espera tener listo el programa piloto de Barnahus para 2022 y que será implantado en uno de los tres territorios históricos, aunque todavía no está decidido en cuál. La consejera destacó que el valor de Barnahus es que “se reducen las fuentes de revictimización y, al ofrecer garantías de obtener un testimonio en condiciones de seguridad y tranquilidad, aumenta las posibilidades de concluir satisfactoriamente la investigación de hechos de por sí complejos de acreditar”.
Aunque este programa está pensado para las víctimas de violencia sexual, “está abierto en el futuro a víctimas de otros tipos de violencia”, precisó una Artolazabal que también reconoció que poner en marcha Barnahus requerirá de un trabajo en “estrecha colaboración” entre el programa y el equipo psicosocial “para determinar qué menores serán objeto de entrevistas exploratorias y extendidas, y cuándo y cómo se procederá a la transición a la entrevista forense”.
Equipo de profesionales
El programa piloto contará con “un equipo formado por profesionales de la psicología y el trabajo social; un equipo especializado en victimización infanto-juvenil y formación específica sobre el proceso penal, el Estatuto de la Víctima y el trabajo social”.
El curso contará con la participación, entre otros, del fiscal islandés Kolbrun Benediktsdóttir y de la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Catalunya, Ester Cabanes, quien hablará sobre la experiencia catalana en la reciente implantación de un modelo similar.
A lo largo del año pasado, el equipo psicosocial recibió 933 demandas de intervención pericial en materia civil, procedentes tanto de los juzgados de Familia como de Violencia sobre la Mujer, o mixtos con competencias en estas cuestiones. Además, en 2020 se recibieron 1.334 demandas de informes en materia penal de menores.
Respecto a los asuntos relacionados con el testimonio infantil y de personas con discapacidad intelectual, en 2020 se recibieron 298 demandas, una cifra que presenta una línea ascendente, ya que en la primera mitad del presente año se han recibido 171 solicitudes, destacan.
El equipo psicosocial judicial funciona desde 1998 y está adscrito a la Dirección de Justicia. Cuenta con un equipo de 34 personas que trabajan en las sedes judiciales de Bilbao, Donostia y Gasteiz.
