El Gobierno vasco recibió en la tarde del lunes un aviso del Ejecutivo español. El gabinete de Pedro Sánchez ponía al corriente a Lakua de su intención de aprobar al día siguiente un decreto que dejara la última palabra de las decisiones sobre el virus en manos del Tribunal Supremo. Solamente con ese dato, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, se sometió ayer martes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde no quiso hacer mayores valoraciones a la espera de conocer el documento al detalle. No obstante, terminó admitiendo lo evidente: que no era la solución que le planteó el lehendakari por carta a Sánchez, donde le reclamó una prórroga del estado de alarma; y reconoció que se abre un tiempo de “complicada gestión”. A medida que avanzó la tarde, la preocupación crecía en el Gobierno vasco. Ya había alertado de que el ocio nocturno supone un riesgo grave, y ahora se expone a que caiga el toque de queda.

El viernes verá la luz el decreto del lehendakari, que aspira a mantener el mayor número posible de medidas y hacerlo con garantías jurídicas. Zupiria no aclaró si habrá una consulta previa al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero deslizó que se están realizando gestiones de todo tipo desde la “discreción”, al tiempo que abogó por la “colaboración”. El Gobierno vasco se inclina por no desvelar el contenido del decreto hasta el viernes, cuando sepa con mayor seguridad qué medidas podrá aplicar, aunque ya están en el alambre actuaciones como el toque de queda por la propia doctrina del Tribunal Supremo o la posición de la Fiscalía de Baleares. La noticia vino desde Cantabria, donde el presidente Miguel Ángel Revilla reveló que el lehendakari le habría trasladado su intención de mantener el cierre perimetral el domingo, algo que él no hará. Urkullu le habría comunicado el riesgo que supondría abrir cuando existe una relación tan estrecha (por las segundas residencias de los vascos), aunque el problema lo tendría Cantabria porque Euskadi ya tiene muchos contagios.

Zupiria admitió que Urkullu pidió la alarma en todo el Estado y lo aprobado “es otra cosa diferente”. Añadió que “se acerca un tiempo en el que va a ser complicado gestionar esta situación”, pero apostó por el equilibrio entre la salud y la actividad económica, educativa y social. Repitió que la CAV tiene una tasa acumulada de unos 500 casos por 100.000 habitantes, y que las medidas de restricción de la movilidad, los horarios nocturnos y la limitación de las reuniones “son eficaces”: “El verano va a exigir tomar medidas”.

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Maddalen Iriarte, dijo que el decreto de Urkullu llegará “un poco tarde” tras pasar “muchos días rogando a Madrid”. Vio “un punto de irresponsabilidad” en una entrevista en Onda Vasca y pidió aclarar la situación cuanto antes. También afeó “el rifirrafe” entre PNV y PSE sobre la alarma.