Catedrático de Derecho Administrativo de UPV/EHU

Iñaki Lasagabaster: "En una pandemia es inaceptable que el control judicial sea tan impredecible"

El auto del TSJPV "está indebidamente motivado", dice Lasagabaster, para quien Lakua debería dictar un decreto-ley como en las inundaciones de 1983

14.02.2021 | 01:12
Iñaki Lasagabaster.

"Le conté a un profesor alemán que, con casi 600 afectados por 100.000 habitantes, un tribunal había dicho que no se pueden cerrar los bares y que en los bares no se producen infecciones y se quedó aterrado. No es para menos", reconoce el catedrático de Derecho Administrativo de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster, quien reflexiona sobre esta controvertida resolución judicial.

¿Qué opina del auto del TSJPV sobre la reapertura de la hostelería en municipios en zona roja?

—Creo que el auto está indebidamente motivado. En primer lugar, desde la perspectiva de la técnica jurídica, puede decirse que sus afirmaciones tienen falta de rigor. No puede fundamentarse una resolución en una frase como "según una parte importante de los epidemiólogos", el 80% de los contagios se produce en los domicilios. Un dato de ese tipo como fundamento de una resolución debe precisar el lugar de donde se ha tomado. En caso contrario, afecta también al derecho de defensa.

El Gobierno vasco entiende que el tribunal "analiza riesgos sanitarios" que deberían evaluar los técnicos. ¿Coincide con ellos?

—Evidentemente, en una pandemia se adoptan las medidas que plantean los expertos en la materia y que deben estar explicadas y justificadas. Los tribunales están para controlar que exista esa motivación en las decisiones de los poderes públicos, lo que a su vez exige que las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas y no ha sido el caso. Por otra parte, algunas decisiones de política sanitaria están solo en la ley, sin que a los tribunales ordinarios les corresponda un control sobre la misma. No olvidemos que los tribunales están sometidos también al principio de legalidad.

Para el Ejecutivo vasco esta resolución "debilita las herramientas" con las que cuenta "para preservar la salud". Esta no es la primera vez que el TSJPV paraliza alguna de sus medidas...

—Cuando la administración sanitaria debe enfrentarse a una situación de pandemia, como la que estamos viviendo actualmente, es inaceptable que el control judicial sea tan caprichoso, en el sentido de impredecible. La deficiente motivación de una resolución judicial, como la que nos ocupa, provoca esa impredecibilidad.

Uno de los magistrados que dictaron el auto, Luis Ángel Garrido, ha estado en el centro de la polémica por sus declaraciones.

—El magistrado ponente hace unas declaraciones de desprestigio de una especialidad médica como la epidemiología, en plena situación de pandemia, que reflejan una falta de la debida neutralidad que un magistrado debe tener ante un cuestión de este tipo. No se trata de libertad de expresión, sino de atenerse a la lex artis aplicable en el ejercicio de su función. Con estas resoluciones no se hace ningún favor a la ya existente prevención y desapego hacia la justicia.

¿Cómo se puede explicar que la hostelería, por ejemplo, esté cerrada en unas comunidades autónomas y se suspenda judicialmente esa medida en otras?

—La errática actuación judicial podría entenderse si hay motivos para la existencia de resoluciones diferentes. Lo que sorprende es que ante una fundada reclamación –de aparentemente, al menos, 64 folios–, la contestación del Gobierno vasco sea de cuatro folios y la del magistrado de poco más de uno. Explicar esto, si le añadimos las declaraciones del magistrado ponente sobre epidemiólogos y la Edad Media, es difícil. Lo que si es necesario es situar al poder judicial en el lugar que le corresponde, porque en esta pandemia él no ha sabido hacerlo, al menos hasta ahora. Por otra parte, ya desde marzo se ha comprobado la existencia de un frente jurídico contrario al Gobierno de Sánchez que parecía querer llevar la gestión de la pandemia a un punto de ineficacia que provocara un cambio político. Algunas resoluciones judiciales habría que interpretarlas en esta clave, sin que ello impida considerar que en otros casos se ha actuado debidamente.

¿Cuál podría ser la solución jurídica para que el Gobierno vasco pueda adoptar las medidas que considere acorde a la situación sanitaria de cada momento?

—Estamos en una pinza perfecta. Si el Gobierno del Estado incluyera estas cuestiones en el estado de alarma, estaría solucionado el problema. Pero no lo hace. Los tribunales, algunos, se ponen a la caza de los derechos fundamentales conculcados. Cualquier argumento les sirve, como hemos visto, para impedir la adopción de decisiones por parte del Gobierno vasco. Los tribunales y su funcionamiento necesitan una gran reconsideración, ya que imparten justicia en nombre del pueblo.

¿Qué podría hacer el Ejecutivo vasco para tener más herramientas con las que gestionar esta crisis?

—Creo que el Gobierno vasco ha actuado de forma muy pacata. Tenía que haber dictado un decreto-ley del tipo del dictado cuando las inundaciones de 1983 y haber puesto en marcha una reforma estatutaria simple, aunque está el problema del referéndum, en la que se reconociese expresamente algo que está implícito, pero que requiere una regulación adecuada, como es la aprobación de decretos leyes. También sería necesaria una reforma de la normativa sanitaria. Este camino sería conveniente ponerlo en marcha porque la situación de pandemia es sistémica y no creo que haya una salida de ella. Tendremos que convivir todavía con ella una larga temporada.

"Las declaraciones del magistrado ponente reflejan una falta de la debida neutralidad que debe tener"