Investigadoras de cinco universidades públicas, entre las que se encuentra la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), analizaron el impacto de la covid-19 en el sistema público de Servicios Sociales en más de sesenta municipios de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid, y elaboraron un informe que indica que las profesionales de estos servicios se han visto afectadas por "el estrés, la angustia y contención emocional" que han realizado con los grupos de población "más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social".
En el trabajo, financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), participaron investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la UPV/EHU, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza. La investigación estará en funcionamiento hasta septiembre de 2021 y realizará un seguimiento detallado de cómo se enfrentan a los retos derivados de la pandemia.
Las investigadoras estudiaron el alcance de la crisis desde que se decretó el estado de alarma hasta el pasado septiembre y lo han plasmado en un informe que pone de manifiesto cómo los centros de Servicios Sociales municipales tuvieron que reorganizar radicalmente su forma de trabajar, atendiendo a quienes demandaban ayuda por teléfono, correo electrónico, WhatsApp, etc.
Según recoge el estudio, la atención presencial, fundamental para desarrollar estrategias integrales de ayuda, solo se pudo mantener en casos de extrema emergencia. Las profesionales de este sistema dicen sentirse "satisfechas" con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y la "sobrecarga de trabajo" a los que se ven sometidas desde marzo.
En esta línea, el informe alerta de "la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento desconocían dónde se encontraba su centro de Servicios Sociales de referencia" y cuentan cómo la crisis del covid-19 afecta a "miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida". También señala que la demora en el cobro de los ERTE supuso que en marzo y abril "no quedara nada del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España".
La dependencia. "A un sistema previamente saturado, se ha añadido la dificultad que supone no poder realizar entrevistas presenciales o visitas domiciliarias, afectando directamente a intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo". La dependencia aparece como otro de los ámbitos más perjudicados. Tal y como afirma una trabajadora social entrevistada "las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no se sabe cuándo se van a retomar" con las implicaciones que este retraso supone para miles de personas dependientes y sus familias.
