Las consultas y reclamaciones sobre viajes y transportes se han duplicado en los cinco primeros meses de 2020 respecto al mismo período del año anterior debido a las cancelaciones o aplazamientos derivados de la situación de pandemia y confinamiento por la Covid-19.

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez, ha informado este jueves en conferencia de prensa sobre las reclamaciones y consultas recibidas en estos meses tanto en el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, como en las organizaciones municipales de información al consumidor y las diferentes asociaciones.

El número total de consultas (19.000) y reclamaciones (7.500) descendió respecto a 2019 (más de 20.000 consultas y más de 10.000 reclamaciones), pero el porcentaje relacionado con viajes y transportes se incrementó en un 72 % en el caso de las reclamaciones y en 210 % en el caso de consultas respecto a los mismos meses de 2019.

Sobre el total de las consultas de enero a mayo de 2020, los temas relacionados, en general, con el Covid-19 suponen un 16 % y en el caso de las reclamaciones cerca del 50 %.

En relación con las compañías aéreas, la consejera ha recordado que deben ofrecer al usuario la opción del reembolso del dinero y que el Estado ha interpuesto una acción judicial de cesación sobre este asunto, en la que se ha solicitado la colaboración de las comunidades Autónomas y en la que Kontsumobide participa.

GIMNASIOS Y ACADEMIAS

Además de transportes y viajes, también se ha planteado cuestiones relativas a devoluciones de cuotas de gimnasios o academias durante el tiempo que permanecieron cerradas.

De enero a mayo, Kontsumobide también ha lanzado campañas informativas e inspectoras sobre otros asuntos como el control de páginas web para la compra por internet o sobre la contratación a distancia de los servicios de telefonía.

Se ha hecho hincapié, asimismo, en la detección de prácticas abusivas y desleales en plataformas de venta en la red de guantes de un solo uso, mascarillas (EPIs) y geles hidroalcohólicos con el objetivo de comprobar la información que se ofrece y la protección de los consumidores ante abusos en la fijación de precios.