HAY menores que faltan al colegio, que no van al pediatra, que sufren maltrato o abusos sexuales, que son obligados a visitar a sus progenitores, que terminan perdiendo la vida a manos de quienes se la dieron. Kiara, la niña presuntamente asesinada por su madre en Atxuri, forma parte de esta macabra lista, a la que podrían sumarse otras dos niñas en Girona. Sobre esta cruda realidad posan sus ojos varios expertos para analizar las circunstancias que rodean estas muertes, si es posible prevenirlas y si hay responsables más allá de los propios asesinos.
“Los menores son los grandes desprotegidos de nuestro sistema, no solo por las muertes a manos de sus padres y madres, sino también por los delitos contra su libertad sexual. A las denuncias de abusos se les da muy poca importancia y muchas veces se acusa de instrumentalización al progenitor que las interpone”. Ana Hernando Tojo, abogada de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el juicio por el caso de Atxuri, afirma que, aunque haya “buena voluntad”, a los equipos psicosociales adscritos a los juzgados que se tienen que encargar de realizar las valoraciones “les faltan recursos, medios y tiempo y eso no permite muchas veces acreditar situaciones de riesgo”. Además, dice no entender los criterios según los cuales actúan los servicios de infancia. “En algunos asuntos en los que a simple vista no se advierte tanto riesgo, se pone excesivo celo, y en otros en los que parece que existe una gravedad más manifiesta se tarda muchísimo en adoptar medidas. Hay cierta arbitrariedad”, denuncia.
Menores arrancados de los brazos de un progenitor para ser entregados al otro, llamamientos desesperados advirtiendo del riesgo que corren con sus exparejas? “Hay una sobreprotección del derecho de los progenitores con respecto a los hijos cuando el interés que debería primar es el del menor. Hay padres manifiestamente inhábiles, incluso con condenas penales contra las madres, y se siguen respetando las visitas. Suspender la patria potestad es dificilísimo. Incluso se obliga a algunos niños a ir a ver a sus padres a prisión”, censura esta abogada, para quien “mientras sigamos así, los menores no van a salir bien parados”.
De confirmarse todo lo que ha trascendido, el caso de Kiara guardaría cierta similitud con el de Asunta, la niña asesinada por sus padres en La Coruña. La intoxicación, una posible asfixia, la alusión a una persona encapuchada... Ricardo Pérez Lama, delegado de Clara Campoamor en Galicia, que se personó como acusación particular, reflexiona sobre si falló algún eslabón de aquella cadena. Dado que los padres tenían “cierta notoriedad”, una vez adoptan a Asunta, “nada hace alertar sobre posibles malos tratos a la niña”. Aunque la madre fue ingresada varias veces por sufrir depresión, añade, los psicólogos “no pusieron en marcha protocolo alguno porque no detectaron riesgo contra terceros”. Tampoco “sospecharon de los padres”, prosigue, las profesoras que se percataron de los mareos de la niña, ya que, al pedirles explicaciones, ambos justificaron dichos síntomas por la toma de un medicamento para la alergia. En cuanto al encapuchado que intentó atacar a Asunta, la menor se lo contó a una amiga, que, a su vez, se lo comunicó a su madre. Esta mujer “lo habló con Rosario, quien le dijo que pondría la oportuna denuncia, pero nunca lo hizo”. En definitiva, “fueron engañadas”, afirma el letrado. Puestos a reflexionar sobre si la sociedad se implica en estos casos, destaca que el testimonio de una menor resultó crucial para echar por tierra la coartada de Basterra. No obstante, reconoce, “también existen ciudadanos que eluden sus responsabilidades para no meterse en problemas y eso sí que es una cuestión de concienciación”.
Es frecuente que, una vez asesinado un menor, trasciendan las denuncias previas realizadas por el entorno, pero nada se oye de apercibimientos a los profesionales que las desoyeron. “No me consta que haya ninguna sentencia ni que se haya incoado ningún expediente”, dice la abogada Hernando Tojo, mientras que el letrado Pérez Lama argumenta que “los instrumentos legales existen”, pero “hay que demostrar el funcionamiento anómalo de un servicio público, que debió de detectar y controlar el riesgo, o la dejación de funciones por parte de los responsables de la protección del menor”. De hecho, él mismo lo consiguió en el caso de Oliver Bouza, un menor con esquizofrenia asesinado por su madre, que se sentía desamparada por las instituciones y que acto seguido se suicidó. “La Xunta de Galicia tuvo que indemnizar a la familia”. Para prevenir estas muertes, pide que se activen los protocolos “al mínimo indicio” de un posible maltrato. “La dificultad estriba en que las agresiones físicas son visibles, pero otros maltratos son más difíciles de detectar, sobre todo, cuando los artífices de los mismos dotan de apariencia de normalidad a su vida o dan explicaciones razonables a los que se interesan por los menores”.
A través de otro caso, el de Javier Mirás, asesinado por su padre en La Coruña con el fin de causar “el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer”, la abogada Rocío Beceiro refleja otra realidad que por desgracia se repite demasiado. El padre había sido condenado por coaccionar a su expareja, por lo que recogía al niño en un punto de encuentro. “No se apreció riesgo para el menor. La madre declaró que nunca pensó que le fuera a hacer daño a su hijo y que, al no ser consciente del riesgo, incluso le animaba para que fuera contento a las visitas cuando mostraba reticencias”. De la última no volvió.
