Bilbao - El Gobierno vasco aprobó ayer la convocatoria de becas al estudio en los niveles no universitarios dotada con 55 millones de euros. La orden adapta la normativa vasca a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que tumbó parte del sistema de becas al entender que generaba “desigualdades” con el resto del Estado. Los cambios no afectan al grueso de la partida, los 48 millones correspondientes a las ayudas de Infantil a Secundaria. Es decir, ni las cuantías, ni los requisitos variarán en la enseñanza obligatoria. Las que sí notarán los efectos de la sentencia homogeneizadora del Supremo serán las familias del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional. Y lo más probable es que los cambios no sean para bien. “Habrá un menor número de familias beneficiadas, y en global, por un importe menor”, según aclararon a DEIA fuentes del Departamento de Educación. El principal cambio en las becas de la etapa posobligatoria guarda relación con los requisitos económicos que deben cumplir las familias para poder optar a las ayudas. Uno de los puntos más cuestionados por el TS en su fallo de mayo es la diferencia en los umbrales de renta familiar en la orden vasca y en el real decreto del Estado.
A grandes rasgos, hasta la fecha Euskadi tenía unos umbrales de renta más altos -porque su renta per cápita es un 18% superior a la media estatal-, lo cual daba pie a que las rentas medias pudieran beneficiarse de las ayudas. En el umbral más bajo, Euskadi daba acceso a beca a las familias de dos miembros con ingresos de 13.350 euros, de tres miembros con una renta de 17.567 euros o de cuatro miembros con 20.201 euros anuales. El fallo del Supremo obliga a rebajar los umbrales para equipararlos los de las tablas del Estado. Siguiendo el ejemplo anterior, solo podrían acceder a ayudas las familias con rentas de 10.606 euros, 13.909 euros y 17.206 euros para las unidades de cuatro miembros. Es posible que el cambio haga que hogares que disfrutaban de beca dejen de hacerlo porque sus ingresos, aunque modestos, superan los mínimos fijados por el Estado.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, volvió a mostrar ayer su “malestar” por la sentencia del TS fruto del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en 2014 contra la política de becas del Ejecutivo vasco por no aplicar la reforma del ministro José Ignacio Wert (PP), haciendo valer su competencia exclusiva en becas. Unas ayudas que, por cierto, corren a cargo de los Presupuestos de la CAPV y no de los Presupuestos Generales del Estado.
La consejera Uriarte denunció que la decisión de “cercenar” el margen competencial vasco responde al objetivo político del “recentralizar” la Educación, una tendencia que la llegada de los socialistas a La Moncloa no ha corregido, al menos, en lo tocante a la enseñanza. No obstante, Uriarte confió en que las reuniones mantenidas con la ministra Isabel Celaá los últimos tiempos permitan “recuperar” las competencias “plenas” que Euskadi tiene en esta materia y avanzó la creación de un grupo de trabajo mixto para encauzar el conflicto abierto.
Los paganos de este afán recentralizador del Estado no son otros que los bolsillos de las familias vascas menos favorecidas. Es el caso de las familias monoparentales, que hasta ahora gozaban en Euskadi de una deducción del 10% en el cálculo de su renta, tal y como viene pidiendo Save The Children desde 2007, y que la normativa española no contempla.
Y es que además de variar los requisitos económicos, el fallo judicial obliga a adaptar los componentes de la beca, suprimiendo algunos que gozan de gran arraigo entre las familias vascas. En primer lugar, desaparece ese apoyo a las madres solteras. Y también cae una de las becas más habituales, la de material escolar. “Ahora ese concepto desaparece y se sustituye por una beca básica, aunque su importe es un 20% inferior al que hasta ahora se daba”, explicó Uriarte. Hasta el curso pasado las ayudas para la compra de material en la etapa post-obligatoria ascendía a 226 euros y a partir de ahora se dará 200 euros. También desaparece la beca de desplazamiento para las familias que viven a más de 5 kilómetros del centro educativo, ayuda que iba de los 192 euros a los 993 euros. La beca de residencia, que ascendía a 2.969 euros en la CAV, se reduce a 1.500 euros.
En resumen, el TS ha obligado a Lakua a adaptar su normativa al real decreto de 2014 por el que todos los estudiantes reciben una cuantía fija de 1.500 euros y un variable mínima de 60 euros, cuyo importe resulta de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta per cápita familiar. Tras las modificaciones introducidas por Lakua, los componentes de la beca que podrá solicitar el alumnado en Bachillerato, FP y Enseñanzas Profesionales de Música y Danza son: componente de cuantía fija ligada a la renta del solicitante, componente de cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso, componente de beca básica, componente de cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico y componente de cuantía variable.
El plazo de presentación de solicitudes de las becas del curso 2019-2020 estará abierto desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubre. Toda la información estará disponible en la web del Departamento de Educación tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco, prevista para este viernes. El Departamento destacó que su objetivo es garantizar que obtendrán la ayuda económica todas las familias que cumplan los requisitos.
