Encuesta de Pobreza y Desigualdades sociales

Los datos que miden la pobreza en Euskadi empeoran pese al clima de recuperación

La población afectada por carencias materiales y sueldos bajos ha crecido, según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades sociales, que revela que el 18% de los vascos tiene ingresos inferiores al 60% de la renta media

09.02.2020 | 12:52
El aumento de la pobreza y las desigualdades ha hecho crecer la demanda de ayudas y recursos sociales.

La población afectada por carencias materiales y sueldos bajos ha crecido

Bilbao - Situaciones tan comunes en los últimos años como la pérdida de empleo, la reducción involuntaria de horas de trabajo y de salarios, la precariedad y los contratos de pequeña duración, la ausencia de un trabajo regulado o la carencia de prestaciones y ayudas sociales están contribuyendo a que las encuestas que miden el riesgo de pobreza, la ausencia de bienestar material, o las personas que tienen que vivir con rentas inferiores a la media ofrezcan unos datos contradictorios con la mejoría macroeconómica, el crecimiento del PIB o la recuperación del mercado laboral. La pobreza laboral de la que tanto se habla desde hace un tiempo es una de las causas que están detrás del incremento de la precariedad real y de las carencias materiales en la Comunidad Autónoma Vasca y que han sido detectadas y evaluadas por la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. En algunos casos, estas tasas han vuelto a niveles del año 2000 y en otros empeoran los datos de 2008.

Según la encuesta, en 2018 las situaciones de riesgo de pobreza afectaban al 8% de la población vasca, esto son 172.307 personas, mientras que el riesgo de ausencia de bienestar subía al 22,4% (484.571 personas) desde el 18,4% (394.266 ciudadanos) de dos años antes. Tanto la tasa de riesgo de pobreza -o pobreza de mantenimiento-, como las que miden la ausencia de bienestar -la de riesgo y la de ausencia de bienestar real- han crecido en 2018 con respecto a la medición anterior -realizada en 2016-. También sube la pobreza real, que pasa del 5,7% en 2016 al 6,1% en 2018, que es la cifra más alta de los diez últimos años. En estos indicadores generales de precariedad sólo baja la pobreza de acumulación, que pasa del 1,6% en 2016 al 0,9% el año pasado.

En cuanto a la medición de la pobreza en la CAV que se hace atendiendo a los niveles de renta, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) indica que en 2018 había 382.316 personas -el 17,7% de la población- con ingresos inferiores al 60% de la renta media de Euskadi y 109.735 de esas personas no llegaban al 40% de la media de ingresos. Estas cifras de personas en riesgo de pobreza relativa (por debajo del 60% de la media) y grave (por debajo del 40%) significan que las tasas más recientes son 1,3 y 0,2 puntos porcentuales superiores a las de 2016 -17,7% y 5,1% frente a 16,4% y 4,9%, respectivamente- y 2,9 y 2 puntos mayores que las tasas que había en 2008: 14,8% y 3,1%.

Problemas de alimentación A pesar de este empeoramiento de tasas relativas y cifras, algunas situaciones concretas que viven las personas afectadas por el riesgo de pobreza y exclusión han cambiado entre la EPDS realizada en 2016 y la del año pasado y ahora las carencias económicas se traducen más en cuestiones como la dificultad de cubrir gastos básicos, no poder pagar la hipoteca o el alquiler, o la denominada pobreza energética. Por el contrario, los problemas graves de alimentación y la necesidad de las familias de reducir gastos se han atenuado. En este sentido, el porcentaje de población vasca que no puede realizar una comida proteínica cada dos días como mínimo, se sitúa en el 2,3% (50.529 personas), por debajo del 3,4% (72.556 personas) de 2016. Los problemas graves de alimentación han bajado del 3,6% al 2,1% en los dos últimos años, y los muy graves, del 3,1% al 1,8%, pero aún así afectan a más de 39.000 personas.

Las dificultades económicas que se traducen en la imposibilidad de comer proteínas al menos cada dos días afectan al 7,9% de los europeos (UE-28) y al 3,7% de los españoles, de forma que la tasa del 2,3% correspondiente a la CAV la sitúa muy cerca de los países con mejores datos: Irlanda (1,7%), Suecia (1,8%), Países Bajos (1,9%), Dinamarca (2,1%) y Luxemburgo (2,2%). En cuanto a la pobreza energética -medida en el porcentaje de personas que no pueden mantener su domicilio con la temperatura adecuada en invierno- el 9,3% de Euskadi, que son casi 200.000 personas afectadas, supera la media de la UE-28 del 7,8% y del Estado español, 8%, y solo hay cuatro países con una tasa más alta que la de la CAV: Grecia (25,7%), Chipre (22,9%), Portugal (20,4%) e Italia (15,2%).

Otro indicador de la privación material de las familias es su incapacidad para afrontar gastos imprevistos o para irse de vacaciones al menos una semana al año. En el primer caso, la cifra de residentes en la CAV que no puede hacer frente a un desembolso imprevisto ha pasado de 390.700 (18,2%) en 2016 a 496.553 (23,1%) en 2018, casi cinco puntos porcentuales más. Y los que no pueden ir de vacaciones fuera de su domicilio han subido de 407.679 (19%) a 433.277 (20,1%). En la comparativa europea, las tasas vascas que miden la incapacidad de abordar gastos extraordinarios (23,1%) y la ausencia de vacaciones por problemas económicos (20,1%) son mejores que la media de la UE: 33,8% y 30%, respectivamente, y la media española: 36,6% y 34,3%.

El indicador Arope, que es una forma homologada a nivel europeo de medir la precariedad, tampoco ofrece buenos resultados en la medición de 2018, y aunque solo sube una décima respecto a 2016 -pasa del 20,6% al 20,7%-, está 2,8 puntos por encima de la tasa de 2008 -que era del 17,9%-. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés) se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos y para hacerlo tiene en cuenta tres variables: la población en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo. Según este indicador, el año pasado había en la CAV casi 447.000 personas en alguna de esas situaciones: 161.632 estaban afectadas por baja intensidad laboral (1,1 puntos porcentuales menos que en 2016); 382.316 tenían bajos ingresos (1,3 puntos más que dos años antes), y 119.885 sufrían privación material.

La tasa Arope medida en la CAV (20,7%) está por debajo de la europea (22,4% para la UE-28) y de la del Estado español (26,6%), pero a bastante distancia de los países mejor situados: Chequia (12,2%), Finlandia (15,7%) y Eslovaquia (16,3%).

la desigualdad Según la última EPDS elaborada por el Gobierno vasco, la desigualdad social también ha aumentado en la medición de 2018 respecto a 2016, truncando una trayectoria de descenso de las desigualdades económicas que se inició en el año 2000 y se prolongó hasta 2014. En la encuesta de ese año se volvió a registrar una subida de la desigualdad, en la de 2016 el dato mejoró y el año pasado volvió a empeorar. La medición de la desigualdad social en la CAV se realiza a través de tres indicadores: el coeficiente de Gini, la Ratio S80/S20 y el porcentaje de la renta total que corresponde al 10% más pobre de la población.

Según el coeficiente de Gini, que establece un valor entre 0 y 100 -donde 0 se corresponde con la situación de perfecta igualdad (todas las personas se reparten por igual los ingresos) y 100 sería la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno)- la desigualdad en Euskadi se sitúa en 2018 en un nivel de 26,7, mientras que en 2016 era del 25,8. A pesar de este empeoramiento, el dato de la CAV es mejor que la media de la UE-28, que es 30,7 (cuanto más bajo el coeficiente mayor grado de igualdad social), y que la media española: 34,1. El coeficiente de Gini correspondiente a la CAV sería el sexto mejor de la UE, por detrás de Eslovaquia (23,2), Eslovenia (23,7), Chequia (24,5), Finlandia (25,3) y Bélgica (26).

La Ratio S80/S20 es la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con mayor ingreso y la percibida por el 20% de la población con menores ingresos. El resultado es el número de veces que los ingresos del 20% que más ingresa multiplican los del 20% que menos ingresa. Y según este sistema, la cifra correspondiente a la CAV en es 4,1, mientras que dos años antes fue de 3,9.

Por último, la medición de ingresos del 10% de la población más pobre, muestra también un empeoramiento, ya que el porcentaje de la renta total que recibieron las personas que integran ese segmento de la población pasó del 3,48% en 2016 al 3,35% en 2018. Eso supone que las rentas que fueron a los hogares más pobres se redujeron ligeramente.