GASTEIZ. El Departamento vasco de Vivienda ha hecho este lunes un balance del funcionamiento de este programa, que arrancó el 1 de enero con el objetivo de facilitar la emancipación familiar de jóvenes de 23 a 35 años que disponen de una fuente regular de ingresos de entre 650 y 1.000 euros al mes pero que no pueden acceder a un alquiler social.

Desde enero 1.173 jóvenes han solicitado estas ayudas, que se han concedido a 451 personas y 125 están pendientes de resolución, pero se han rechazado 253, "un número mayor al previsto", según ha reconocido el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, en un comunicado.

El programa establece que los demandantes individuales deben tener ingresos anuales superiores a la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (7.734 euros al año) sin sobrepasar los 15.000 euros brutos. El alquiler a subvencionar no debe superar los 750 euros de cuota mensual en las capitales, los 650 en áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia, y los 600 en el resto, y la ayuda será como máximo del 50 % de la renta.

Alokabide, la sociedad pública encargada de su gestión, ha concedido hasta el 11 de julio 451 ayudas, 221 en Bizkaia (49 %), 135 en Gipuzkoa (30 %) y 95 (21 %) en Álava. Además, 195 expedientes se encuentran pendientes de resolución, por lo que se prevé que está cifra se incremente en breve.

El viceconsejero ha destacado la buena acogida de esta iniciativa, pero ha anunciado que se debe rebajar el número de solicitudes rechazadas, la mayoría debidas a que los solicitantes no tenían los límites de ingresos requeridos, tanto en su límite inferior, ya que superaban la cifra vigente en cada momento para el cobro de la RGI, como en su límite superior, situado en 15.000 euros para solicitantes a título individual, 20.000 para unidades familiares y 25.000 para familias numerosas.

"Por eso, estamos trabajando en una modificación de la normativa para flexibilizar esos límites y permitir que jóvenes con menores y mayores ingresos puedan acceder a la ayuda", ha anunciado.

Además, se va a reducir el límite inferior de edad, establecido actualmente en 23 años, a los 18 años, para facilitar la ayuda a personas jóvenes que, cumpliendo todos los demás requisitos, buscan emanciparse antes, y solucionar así el problema de unidades familiares en las que uno de los miembros es menor de esa edad y que ahora quedan excluidas.

También se va a permitirán rentas de alquiler por encima de los límites establecidos, siempre que ese incremento se deba a la aplicación del IPC en las cláusulas de revisión de precios anuales de los contratos de arrendamiento.

Jauregui ha precisado que la modificación de la normativa de Gaztelagun se prevé que pueda entrar en vigor a principios del próximo año.

Ha añadido que el Departamento de Vivienda se pondrá este otoño en contacto con todos los jóvenes a los que se ha denegado la ayuda o han desistido de culminar el proceso por incumplir alguno de los requisitos que se van a modificar, para informarles de estas circunstancias y ayudarles a retomar la solicitud.