tras declarar voluntariamente por la difusión del vídeo sexual

Libertad sin cargos para el ex de la trabajadora de Iveco que se suicidó

Fuentes de la investigación han confirmado que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente.

09.02.2020 | 04:31
Vista de la sede de la empresa Iveco en San Fernando de Henares. La Policía Nacional investiga quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual.

MADRID. El hombre acudió a las cuatro de la tarde al cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero fue puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso. 

Tras declarar voluntariamente, ha quedado en libertad, aunque su situación podría cambiar en el transcurso de la investigación, según las mismas fuentes. El hombre, que tuvo una relación previa con la víctima y que supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes.

Hoy mismo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos en este caso.

La jueza ha tomado esa decisión una vez que la Policía le ha remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.

La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver es la misma que ahora investigue el caso.

Fuentes de la investigación han confirmado a Efe de que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente. El presunto responsable es un hombre, compañero de trabajo, con el que la víctima tuvo algún tipo de relación sentimental en el pasado.

La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid) y ahora toma declaración a este sospechoso.

Con el caso judicializado, se investigarán posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La jueza ha decretado el secreto de las actuaciones.

El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Fuentes cercanas al caso informaron a Efe de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde "dentro de la propia empresa".

Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.