Bilbao - “Este conflicto tiene que acabar aquí y ahora”. Las familias de los colegios concertados dan de plazo “esta semana” a sindicatos y patronales para sentarse a la mesa y alcanzar un acuerdo para cerrar la disputa laboral que ayer vivió el decimosexto día de huelga. En caso de que dicho entendimiento no sea posible instaron a ambas partes “al nombramiento de un mediador que les ayude a resolver sus diferencias o someterse a un procedimiento de arbitraje con todas sus consecuencias, asumiendo la resolución del mismo”. Si sindicatos y patronales -Kristau Eskola y Aice- se siguen resistiendo a activar el proceso de mediación, las familias entenderán que ambas partes persiguen unos objetivos “distintos a los laborales” y que sus hijos son “los rehenes” de esos intereses.

Este fue el único emplazamiento público que ayer realizaron los portavoces de las AMPA de Fecapp, Bidelagun, Fapae, Feguiapa, Ufepa, Fapacne y Egibide. Detrás de todas estas siglas están los padres y madres de los 107.000 estudiantes afectados por la contienda laboral que enfrenta a todos los sindicatos con las patronales de los colegios católicos y Aice. Pero los 45 minutos de rueda de prensa de ayer dieron para mucho más. Dieron para denunciar el “inmovilismo” de la patronal y las “posturas maximalistas” defendidas hasta la fecha por todos los sindicatos, para apuntar al sindicato ELA de actuar como ariete de la no solución, para exponer públicamente la “indefensión” que sienten y el “miedo” de los estudiantes que este año se la juegan en Selectividad y para interpelar al Departamento de Educación para que aclare qué va a hacer para garantizar el derecho a la educación de sus hijos e hijas.

Las familias demostraron ayer que se han convertido en alumnas aventajadas del máster acelerado en política educativa que han tenido que hacer los últimos meses por el preciso diagnóstico de la situación que han dibujado, la equidistancia que han adoptado a la hora de repartir responsabilidades y el realismo sobre su escaso margen de maniobra para hacer prevalecer el derecho a la educación de sus hijos frente al derecho a la huelga de los 9.000 docentes que llevan diez años sin renovar el convenio colectivo.

Respecto al estado de la situación, las federaciones de las AMPA afirmaron: “Asistimos a situaciones donde parece que la batalla de la imagen en la opinión pública es un fin en sí mismo”. Es más, se preguntan abiertamente: ¿Interesa realmente llegar a un acuerdo? A tenor de los movimientos de las partes, la respuesta a esa pregunta es no. Es más, ese sería el objetivo “de todo cristo” excepto de las familias, según el presidente de la federación de AMPA de los centros diocesanos de Bidelagun, Aitor Mugika.

Las AMPA sospechan que el enquistamiento obedece a “intereses políticos” de los sindicatos, algunos de ellos encaminados a acabar con los colegios religiosos. Y apuntan a ELA como máximo responsable de ello, ya que “las ikastolas alcanzaron un acuerdo” en diciembre con LAB como sindicato mayoritario. “La sensación que ELA ha transmitido desde el minuto cero es que no quiere acabar con el conflicto. Es el no por el no, es el pedir cosas que son abusivas y que no se pueden materializar, como recuperar el 12% del poder adquisitivo perdido”, dijo Miryam González, de Fecapp.

Pero tampoco habría interés por parte de la patronal mayoritaria, Kristau Eskola, en poner fin al conflicto. En este sentido, Víctor Petuya, presidente de Fapae, censuró la falta de transparencia y “el inmovilismo” de las patronales y su negativa a solicitar una mediación “porque las dos partes pueden hacerlo y ninguna está haciendo nada”. Desde el punto de vista de las AMPA, la renuencia de la patronal a activar el arbitraje se debe al “miedo” a que los centros deban asumir el gasto, si un laudo de obligado cumplimiento les obligase a subir el sueldo al profesorado por encima del concierto educativo. Ya sucedió en el origen del problema actual y la deuda de 18 millones de euros que Kristau Eskola contrajo con la plantilla después de dos fallos contrarios dictados por el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo.

“Callejón sin salida”

Las AMPA opinan que la solución a esta batalla no pasará porque ese diferencial lo paguen las familias. “Nosotros no estamos dispuestos a portar más dinero porque eso contribuiría a la privatización y elitización de la enseñanza concertada”, señaló Petuya, quien defendió la existencia de un modelo educativo en el que estudia prácticamente la mitad del alumnado vasco.

Las familias son plenamente conscientes de que lo que persigue Kristau Eskola con su postura es forzar que el Departamento de Educación incremente los fondos a la red concertada, aun a sabiendas de que la cuantía viene determinada por los conciertos educativos y que los Presupuestos vascos para 2019 no han prosperado por la oposición de PP, EH Bildu y Podemos.

Del mismo modo, las AMPA saben que la decisión de cambiar el sistema de financiación del sistema educativo vasco para destinar más fondos a la concertada no está en manos de Educación, sino de los partidos políticos en el debate parlamentario de la futura Ley Vasca de Educación. Pero ese melón aún parece estar muy verde. Y tampoco parece que el Departamento de Educación esté por la labor de subir la financiación por otras vías. El martes, la consejera Cristina Uriarte declaró que el Ejecutivo “no ha hablado” de una modificación de los módulo de financiación, y que, en todo caso, esta cuestión se debería abordar en la Ley de Educación.

Las familias se sienten “indefensas” y en un “callejón sin salida” porque “no tenemos alternativas legales para hacer efectivo el derecho a la educación de los hijos”, dijo Mugika, quien recordó que han recorrido todos los estamentos a los que podían recurrir. “Hemos hablado con los sindicatos, patronales, Ararteko, partidos políticos, Parlamento Vasco, Gobierno vasco y Educación”. Todo para nada, porque hoy se cumple el decimoséptimo día de huelga y quedan ocho más hasta final de curso. En cierto modo los padres dan el curso por perdido y advirtieron de que “se empieza a comentar” la posibilidad de trasladar matrículas a otros centros que no están afectados por el conflicto, sobre todo por parte de estudiantes que van a cursar Segundo de Bachiller, que deben preparar las pruebas de acceso a la universidad y que este curso se ven “desamparados”.