SABADELL (BARCELONA). Así lo indica en un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que denuncia la decisión del magistrado de mantener al sospechoso en libertad provisional, pese a los indicios en su contra, y de no dictar una orden de alejamiento de la víctima, que vive con el temor de encontrarse con el agresor en la calle.
Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 3 de febrero, cuando la joven fue agredida sexualmente, tras haber salido con varios amigos de fiesta, y ser abordada después en la calle por sus agresores, que la condujeron a una nave abandonada y la violaron.
De los ocho detenidos en relación con los hechos, dos ingresaron en prisión sin fianza y seis quedaron en libertad con medidas cautelares, uno de ellos pese a ser investigado como supuesto autor material de la violación, ante las dudas sobre su identificación.
Este sospechoso fue puesto en libertad el 6 de febrero, pero el día 14 de ese mismo mes se remitió con carácter de urgencia un informe preliminar del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense donde se indicaba que había indicios de que éste era autor de los hechos.
Concretamente, según la familia, "se apuntaba la compatibilidad en los análisis genéticos realizados de nuestra hija con el perfil genético de referencia de uno de los investigados y que se encontraban en libertad provisional".
La parte acusadora solicitó inmediatamente el ingreso en prisión provisional del investigado basándose en los indicios que existían contra él, pero aún así el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell mantuvo libertad provisional para el investigado, aunque con la obligación de cumplir las medidas cautelares establecidas, entre ellas la presentación ante el juzgado.
No obstante, el investigado no compareció en la cita obligada del día 22 de febrero ante el juzgado guardia de Sabadell, y el juez ordenó entonces a los Mossos su localización y detención.
El 27 de febrero se notificó el informe definitivo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el que se confirmaban los datos del informe preliminar.
Los padres de la víctima lamentan que las decisiones judiciales han comportado que la víctima "no pueda salir de nuestro domicilio, a no ser que sea acompañada, o para trámites esenciales, acompañada por agentes de los Mossos, y lo que es peor, tiene que vivir su vida cotidiana bajo el temor de encontrarse en la calle con cualquiera de sus agresores".
La familia entiende que "desde la instancia judicial correspondiente deben tomarse las resoluciones necesarias para reconducir este grave error", y hace un llamamiento a la ciudadanía "a mostrar su más profundo rechazo ante medidas como las del auto motivo de este escrito".
"La familia y nuestra hija simplemente queremos que detengan e ingresen en prisión todos los autores de la violación múltiple, como paso previo y necesario para poder empezar a reconstruir nuestras vidas, para seguir viviendo con un mínimo de normalidad", concluye el comunicado.
