Bilbao - Al acabar el año 2018 en la Comunidad Autónoma Vasca había 65.017 personas -el 2,96% de la población- beneficiarias de prestaciones vinculadas con la atención a la dependencia y que en conjunto reciben un total de 84.144 prestaciones, lo que supone beneficiarse de una media de 1,29 ayudas por persona, según los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Estos datos de dependientes atendidos por algún organismo público o con ayuda económica para recibir atención reflejan una buena situación relativa de la atención a la dependencia en Euskadi, donde hasta diciembre de 2018 se han recibido 102.813 solicitudes de ayudas y prestaciones, de las que se han resuelto 102.231, que son el 99,43% de las presentadas.

En el conjunto del Estado español, hasta finales del año pasado, se habían presentado 1.767.186 solicitudes y se habían resuelto 1.638.618, el 92,72% de las recibidas, de forma que 128.568 personas que aspiran a ver evaluada y atendida su situación de dependencia aún no tienen respuesta. En la CAV esa cifra ascendía a un total de 582 personas.

Este desfase no podrá ser corregido en un corto plazo de tiempo debido a que los Presupuesto Generales del Estado diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez no han sido aprobados. Esas cuentas preveían un incremento de 515 millones de euros de la partida para la cobertura de la atención derivada de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Incluyendo 315 millones para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, una ayuda que se retiró en los años de crisis y que dejó a unas 170.000 sin esa cotización. No obstante el presidente del Gobierno español afirmó recientemente que antes de las elecciones generales aprobaría por decreto la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

listas de espera Aún así, tras ser rechazados los Presupuestos, ha crecido la preocupación por el futuro de las personas, muchas de ellas de edad elevada, que no tienen atención a la dependencia y que permanecen en lista de espera para evaluación y asignación de prestaciones. Según el Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, durante 2018 fallecieron 30.400 dependientes esperando recibir los servicios que les habían sido reconocidos por ley. Esto supone 80 fallecimientos cada día. Además, cuatro de cada diez personas que esperan las ayudas son dependientes severos (grado II) o grandes dependientes (grado III), “los que más necesidades de atención tienen”.

En el terreno económico, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que la aportación del Estado a la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia se redujo un punto porcentual en 2017 respecto al año anterior, hasta el 16,3% (1.218 millones de euros), mientras que las comunidades autónomas financiaron el resto: un 83,7% (6.241 millones de euros). En 2018 el Estado abonó el 20% del gasto y las comunidades el 80%. El gasto dedicado en la Comunidad Autónoma Vasca al sistema de la dependencia ascendió a 627,3 millones de euros en 2017, y la mayor parte de este dinero, el 88,2%, fue sufragado por el Gobierno vasco. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad al Observatorio Estatal para la Dependencia, el País Vasco es la comunidad donde la aportación del gobierno autonómico es mayor: 553,2 millones de euros a cargo del Ejecutivo vasco y 74 millones procedentes del Gobierno español (11,8%).

8.225 euros de media El Observatorio de la Dependencia destaca también que el gasto medio por persona en situación de dependencia atendida en 2017 ascendió a 8.225 euros anuales, de los cuales, 6.884 fueron aportados por las administraciones autonómicas y 1.341 euros por el Gobierno español, pese a que la financiación debía ser al 50%. Según la asociación, estos datos se basan en fuentes oficiales certificadas y revelan que el impacto acumulado de las medidas de recorte, aprobadas por el anterior ejecutivo en 2012, se traduce en 4.600 millones de euros en los últimos cinco años. Asimismo, denuncia que en 2017 no se ejecutó el total del presupuesto (1.262 millones), del que quedaron sin gastar 44 millones de euros.

La Asociación de Directoras y Gerentes, que calcula que la lista de espera actual es de 250.000 personas dependientes sin atención, concluye que la reducción de la cifra de personas a la espera de evaluación -lo que denomina limbo de la dependencia- se debe al incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a los dependientes moderados (grado I), “abandonando a los más graves”, que requieren mayor atención, como son los dependientes severos y moderados (grados II y III, respectivamente).

En la Comunidad Autónoma Vasca, de las 102.231 solicitudes de evaluación resueltas hasta finales del año pasado el mayor número -1.219, el 31,52% de las resoluciones- recibieron el grado I, otras 25.808 -el 25,24%- el grado II y 20.784 -el 20,33%- el grado III. Esto supone que hasta diciembre de 2018 se habían designado 78.811 personas con derecho a prestación, que son el 77,09% de las resoluciones. En cuanto a las más de 84.000 prestaciones concedidas en la CAV, 50.470 son lo que se denomina prestaciones por servicio, un concepto que incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche, atención residencial, etc. También se han establecido 33.674 prestaciones económicas para cuidados en entorno familiar.

En su informe sobre el sistema de atención a la dependencia en el Estado español en 2017, la Asociación de Directoras y gerentes de Servicios Sociales señala que el País Vasco “confirma la mejora del Sistema que registra en los tres últimos años” y destaca el incremento de 5.621 nuevos beneficiarios (+9,96%), en la línea de crecimiento del 10,31% de la media estatal. “No obstante -puntualiza-, las nuevas atenciones ofrecidas a los usuarios del País Vasco se han centrado en servicios de bajo coste, tales como la teleasistencia o la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, relegándose a un escaso crecimiento o meras tasas de reposición el resto de prestaciones económicamente más elevadas, como los centros de día o las plazas residenciales propias de los grados II y III”. También indica que “en su cartera de servicios la Ayuda a Domicilio sigue representado únicamente el 9% del total (16% a nivel estatal), mientras la figura del Asistente Personal que en el conjunto estatal apenas supera el 1%, en el País Vasco se eleva hasta el 8% de su cartera de servicios”. Todas estas prestaciones y modalidades de atención generan en la CAV más de 16.828 puestos de trabajo “directos, estables y no deslocalizables”.

Las 102.813 solicitudes de evaluación de dependencia presentadas en la CAV hasta diciembre de 2018 son el 5,82% del total estatal (1.767.186 solicitudes) y afectan al 4,68% de la población vasca. El mayor número de peticiones se ha presentado en Andalucía, 388.846, el 22% del total, y el menor en La Rioja: 15.257 solicitudes, el 0,86% del Estado.