Las denuncias por acoso escolar tocan techo pero bajan un 5% los casos reales

Este contexto se debe a la sensibilización de la comunidad educativa y de la sociedad contra este problema, a raíz de casos que conmovieron a la opinión pública, como el sucedido en el Colegio Munabe o el suicidio del pequeño Diego de 11 años en Madrid. La reducción del nivel de tolerancia frente a situaciones que antes se pasaban por alto o cuya gravedad se minimizaba ha provocado que en solo cinco años se hayan duplicado el número de denuncias: 276 en 2013 frente a las 553 de 2018. En cierta manera, las denuncias por acoso escolar siguen la senda de la violencia machista. Y, en paralelo, la Inspección de Educación ha pasado de un seguimiento “pasivo” de los posibles casos de bullying a un control “proactivo” de los mismos, gracias al programa antiacoso Bizikazi.

Así lo confesó ayer el inspector general del Departamento de Educación, José Ángel Ayúcar, que compareció junto a la consejera Cristina Uriarte para presentar el balance de acoso escolar durante el curso 2017-2018. Según Ayúcar, hasta hace tres años, Inspección solo intervenía después de que un centro escolar informase sobre la posible existencia de un caso, tras la pertinente investigación interna. Ahora, en cambio, Inspección investiga todas y cada una de las denuncias interpuestas por centros, compañeros y familias de las víctimas, fundamentalmente. “Basta con que haya una denuncia para que el protocolo se ponga en marcha”, reveló Ayúcar.

Plan antiacoso Esta es una de las medidas incluidas en el plan antiacoso que Educación puso en marcha a finales de 2017 y que explica el importante aumento de las denuncias que aparece en las estadísticas. Según informó Uriarte, todos los centros cuentan ya con un BAT (Bullying Aurkako Taldea), los grupos de cuatro personas que se encargan de dinamizar la lucha contra el bullying dentro y fuera del recinto y en horario escolar. No en vano, Internet y las redes sociales intervienen en el 21,5% de los casos de maltrato. Además, el 90% del profesorado y los 250 nuevos equipos directivos recibieron una formación específica para saber identificar y actuar de manera correcta en las situaciones de ese maltrato continuado que, por lo general, se produce a espaldas de los adultos.

La mayoría de los casos detectados se resuelven mediante vías educativas y la asunción de la culpa por parte del agresor. Solo cuatro de los 78 casos registrados el curso pasado acabaron en manos de la Fiscalía debido a su extrema gravedad y, en dos de ellos, las víctimas cambiaron de centro a petición de las familias ya que, pese a que en opinión de Ayúcar el centro había actuado correctamente, se había roto la confianza entre las partes. “Son casos, por lo general, en los que se ha producido un gran sufrimiento”, explicó el inspector. Al contrario de lo que pudiera parecer, no se trasladó de centro a ningún agresor, ya que esta medida no tendría ningún efecto educativo sobre el menor.

Perfil de las víctimas La casuística y el perfil de las víctimas no varían mucho respecto a los últimos años, pero se confirma la incidencia del ciberbullying como una importante vía de burlas, acoso o abusos sexuales, amenazas o agresiones verbales que, en muchas ocasiones, se convierten en públicas. Uriarte recordó que “estos casos también se trabajan como acoso escolar y es el centro quien asume la responsabilidad de canalizar y resolver la situación. Parece evidente, sin embargo, que el papel de las familias es muy importante, especialmente en estos casos”. La mayoría de los problemas se producen en Secundaria y en los últimos años de Primaria. La marginación social representa el 43% de los casos y la agresión física alcanza el 14%.