Madrid - El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumple seis meses desde su aprobación sin que, según los partidos de la oposición, se hayan puesto en marcha ninguna de las 213 medidas que se acordaron en la Cámara Baja, incluyendo los 200 millones de euros que el Ejecutivo español se comprometió a adelantar en 2018 para su cumplimiento. Los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado martes ya recogen la partida, pero su activación dependerá de la aprobación de las cuentas del Ejecutivo español en sesión parlamentaria.
Fue a finales de septiembre cuando el Pacto se aprobó en el Pleno del Congreso con el voto a favor de todas las fuerzas políticas a excepción de Unidos Podemos, que se abstuvo. Los morados alegaron que no podían apoyar un documento que, a su juicio, no tenía todas las medidas necesarias ni el dinero suficiente para luchar contra esta lacra. Entre las más de dos centenares de medidas del documento destaca la extensión de la definición de violencia de género a todas las contenidas en el Convenio de Estambul (matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, trata o violencia sexual) y la consideración de víctimas para las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas.
También se establece el carácter “imperativo” de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera “presenciado, sufrido o convivido” con manifestaciones de violencia. Igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría. Además, el citado Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a mujeres que pudieran estar siendo víctimas, la formación de profesionales sanitarios que las atienden, y la inclusión en los protocolos de actuación sobre violencia de género, de un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.
Del mismo modo, el Pacto llama a crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual que impulse medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, así como una Ley Integral de lucha multidisciplinar contra la trata actual de seres humanos con fines de explotación sexual. Precisamente ayer eran liberadas seis mujeres de nacionalidad rumana que eran obligadas a ejercer la prostitución en la calle Montera de Madrid durante once horas diarias, con servicios sexuales cada 15 minutos y sin protección.
Acuerdo progresivo Hasta ahora, el Gobierno español ha acordado con las comunidades un total de 26 medidas del Pacto relacionadas con la sensibilización y la prevención, que deberán activarse a lo largo de este ejercicio y que no necesitan de dotación presupuestaria. A estos puntos se remitió la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado mes de enero donde señaló que su prioridad son “las medidas de reforma legislativa. El ritmo es positivo, y las decisiones se irán remitiendo a las Cortes de una forma organizada y sistemática”, explicó la ministra en la sede parlamentaria.
Una de las principales polémicas que debe manejar el Ejecutivo español en relación a este asunto es la aprobación de la partida destinada a poner en marcha el acuerdo. El documento incluye el compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone 200 millones anuales a repartir entre tres organismos: la Administración española (80 millones), las comunidades (100 millones) y los ayuntamientos (20 millones). - E.P.
