El CGPJ sí investigará a la jueza de Gazteiz acusada de vejar a una víctima

Madrid - El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, abrió ayer expediente contra la juez de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gasteiz, María del Carmen Molina Mansilla. Las causas de la apertura del expediente se deben a que la magistrada se dirigió en un juicio a una mujer presuntamente agredida sexualmente por su expareja y le pregunto si “había cerrado bien las piernas”. La denuncia había sido previamente archivada por Fonseca-Herrero.

La acusación contra la jueza vino de la mano de la Asociación Clara Campoamor, quién pidió que se apartara o suspendiera a la magistrada argumentando que durante su interrogatorio -realizado el pasado 16 de febrero- trató de manera ofensiva a la denunciante y por su “constante vulneración de derechos” de mujeres víctimas de violencia de género.

La denuncia añade que la jueza Molina mostró una “clara y manifiesta predisposición de incredulidad hacia el testimonio de la denunciante, interpelándola sin dejar terminar la respuesta, realizando preguntas sugestivas y condicionando su declaración”.

Tras el archivo de su denuncia, la asociación pasó a recurrir y el recurso fue aceptado por parte de la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 7 de julio. Seguidamente la Comisión pasó a dirigirse al Promotor de Acción Disciplinaria para ordenarle que comenzara un proceso de apertura de expediente.

Esta decisión implica que se iniciará una investigación sobre el caso que tendrá como objetivo esclarecer si durante la toma de declaración la magistrada pudo incurrir en alguna conducta que pueda ser sancionada de forma disciplinaria, o si por el contrario se había tratado de un leve de trato desconsiderado.

Archivada La primera vez que el caso llegó a las manos de Fonseca-Herrero, este estudió la grabación, que se trataba de una declaración de 45 minutos de duración, y solventó el archivo explicando que las palabras de la juez se enmarcaban en la necesidad de concretar los hechos porque las agresiones sexuales habrían ocurrido entre 2011 y 2012, sin que fueran denunciadas en su día y sin que haya partes médicos. El acuerdo del CGPJ explicó que las palabras de María del Carmen Molina se tenían que “valorar en el ámbito de su necesidad de concretar el empleo de la fuerza física y la oposición o resistencia de la víctima frente a la agresión ante la inexistencia de otros datos o elementos que llevaran a clarificar los hechos”. Asimismo, recordó que ninguno de los letrados ni el Ministerio Público constataron ninguna queja durante el interrogatorio.

No obstante tras la decisión de la Comisión Permanente de desestimar el archivo acordado por Fonseca-Herrero, el pasado mes de junio, se abrirá expediente gracias al cual se decidiría si se vuelve a archivar o se interpone sanción contra la contra la magistrada María del Carmen Molina Mansilla.