valencia. Expertos en derecho administrativo advierten de que el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) será un proceso legal "complejo" que habrá que "justificar" para evitar que, en caso de ser recurrido al Tribunal Constitucional, sea anulado, al igual que habrá que justificar la ausencia del fundamento del interés general con el que se creó la sociedad.
De esta manera, apuntan que será el TC la última baza para los trabajadores de la sociedad pública cuando se haga efectiva la ley por la que se apruebe la liquidación de RTVV. Será este órgano el único que pueda controlar si la nueva legislación contempla alguna infracción o si, por contra, es constitucional.
En este sentido, el profesor de Derecho Administrativo de la universidad de Valencia, Juan Antonio Ureña, considera que "no es tan fácil" proceder a la liquidación de una sociedad pública como es RTVV porque "una cosa tan compleja como ha acabado siendo Canal Nou no puede acabar deshaciéndose de un día para otro porque hay personas, hay valores y servicios".
Los expertos también indican que el procedimiento legislativo no es como el reglamentario y, aunque se tenga mayoría en el Parlamento para llevarlo a cabo, "hay que justificarlo". En esta línea, el profesor de Derecho Administrativo de la universidad de Valencia, Andrés Boix, destaca la "dificultad" y la "complejidad" de este proceso, que "será largo", porque no hay antecedentes de casos similares, así que "no hay posibilidad de copia y siempre hay más flecos abiertos". Así, en relación a la situación administrativa de la sociedad, expertos consultados matizan que "Canal 9 es un complejo de personas públicas y sociedades mercantiles y no es tan sencillo cerrarlo porque no solo se trata de una personalidad, sino de muchas personificaciones públicas y privadas". Además, indican que se tendrá que justificar la desaparición del fundamento del interés general con el que se creó la sociedad. Ante esta tesitura un especialista añade: "una cosa son las personas jurídicas que hay que extinguir, pero vinculado a la extinción están los contratos y las personas que prestan servicios. De modo que si es una decisión sin justificar, aunque el legislador lo puede casi todo, si causa un daño tiene que pagarlo".
En cualquier caso, Boix apunta, del mismo modo, que la "única" forma de ejecutar el cierre de RTVV es recurrir a la ley. O bien mediante la aprobación de un decreto ley, o bien por medio de una modificación, derogación o aprobación de una nueva normativa.
