gasteiz. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es perfectamente legal. A pesar de ello, por diversos motivos sociales, éticos, morales o religiosos las intervenciones se siguen realizando mayoritariamente en centros privados acreditados a los que Osakidetza deriva a las pacientes. El problema es que, según fuentes del sector, de los seis centros que practican abortos, la mitad incumplen las condiciones exigidas por la ley para su acreditación.

El primer decreto que regulaba la calidad asistencial para las IVE data de 1985, sin embargo tras la nueva Ley del Aborto el año 2010 se emitió un decreto actualizando las exigencias para los centros concertados. Mientras en el primer decreto la interrupción de la gestación era hasta la decimosegunda semana, en el actual las clínicas pueden realizar esta operación hasta la 14 semana, por lo que las condiciones en el decreto de 2010 son más estrictas, exigiendo unas dotaciones sanitarias de espacio físico, utillaje básico y un marco de prestación más exigente que en el anterior decreto.

Según datos oficiales, a lo largo del pasado año se contabilizaron en Euskadi 4.128 abortos, una cifra superior a los 3.408 de 2010. El aumento de casos puede llevar a equívoco, ya que el incremento se debe a un cambio en la forma en que se registran las intervenciones en la estadística oficial. Hasta la aprobación de la ley de junio de 2010, la Administración Pública no tenía la obligación de contabilizar las realizadas en centros privados.

seis centros Para las clínicas acreditadas en Euskadi con el decreto de 1985 -3 en Bizkaia, 2 en Gipuzkoa y 1 en Araba- se abrió un plazo de cuatro meses para que se adaptasen a las exigencias de la nueva normativa.

Es en este proceso de acreditación en el cual se produce el toque de alerta. "La preocupación de los especialistas surge porque creemos que la mitad de los centros concertados de la CAV para interrupciones de antes de las 14 semanas no cumplen los requisitos exigidos en el decreto para dar la calidad asistencial en estas intervenciones", explica el ginecólogo José Gurrea.

De hecho, en marzo del pasado año, este especialista se dirigió a la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco, presidida por el popular Carmelo Barrio, una solicitud de comparecencia para poder explicar a los parlamentarios esta situación. La petición tenía como única finalidad advertirles de que antes de que ocurra algún percance mayor, se garantice por todos los medios la calidad asistencial de la prestación a todas las mujeres que se acogen a una IVE, para lo cual solicitaba que una Comisión parlamentaria visitara todos los centros acreditadas, así como que el Departamento de Sanidad realizara una inspección y control de los centros acreditados.

comisión de sanidad "Me entrevisté con la presidenta del Parlamento, Quiroga (PP) y formalicé mi solicitud a la Comisión, que fue trasladada por el letrado Eduardo Mancisidor a todos sus miembros. No comprendo por qué no he obtenido respuesta ni por qué el gobierno/consejería de Sanidad a dúo PSOE-PP no tuvo a bien girar esta inspección de control; hubiera bastado con una somera inspección de control y entonces a la mitad de las clínicas concertadas se les hubiera retirado la acreditación". Según Gurrea, el Ejecutivo estuvo más preocupado en temas intrascendentes "y politizados como el caso Margüello, sin ninguna conclusión tras cuatro años de pérdida de tiempo y dinero del contribuyente" que por atender bien a las más de 3.000 mujeres que cada año abortan en la CAV.

Que un centro sea acreditado supone que la Sanidad "garantiza al paciente la calidad asistencial de la prestación en él". Y en estos momentos algunas clínicas por no cumplir no cumplen ni el requisito de espacio físico mínimo.