La mitad de las clínicas acreditadas por Osakidetza para realizar abortos no cumple con los requisitos

Bilbao. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea perfectamente legal, por diversos motivos sociales, éticos, morales o religiosos las intervenciones se siguen realizando mayoritariamente en centros privados acreditados a los que la administración deriva a las pacientes. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) cada año se realizan cerca de 3.000 intervenciones, de las que apenas un 2% se llevan a cabo en la red pública vasca. En este cupo se incluyen las mujeres de la propia CAV y las derivadas desde La Rioja, Cantabria y Nafarroa.

El primer decreto que regulaba la calidad asistencial para las IVE data de 1985, pero tras la nueva Ley del Aborto el año 2010 se emitió un decreto actualizando las exigencias para los centros concertados.

Mientras en el primer decreto la interrupción de la gestación era hasta la decimosegunda semana, en el actual las clínicas pueden realizar esta operación hasta la 14 semana, por lo que las condiciones en el decreto de 2010 son más estrictas, exigiendo unas dotaciones sanitarias de espacio físico, utillaje básico y un marco de prestación más exigente que en el anterior decreto.

siete centros Para las siete clínicas acreditadas en el País Vasco con el decreto de 1985 -4 en Bizkaia, 2 en Gipuzkoa y 1 en Araba- se abrió un plazo de cuatro meses para que se adaptasen a las exigencias de la nueva normativa.

Es en este proceso de acreditación donde surge el toque de atención. "La clínica Euskalduna es la única acreditada para realizar intervenciones por debajo y por encima de las 14 semanas de gestación. Pero nuestra preocupación surge porque creemos que la mitad de los centros concertados de la CAV para interrupciones de antes de las 14 semanas no cumplen los requisitos exigidos en el decreto para dar la calidad asistencial en estas intervenciones", explica el ginecólogo bilbaino.

Con este hilo argumental, en marzo de este mismo año dirigió a la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco una solicitud de comparecencia para poder explicar a los parlamentarios esta situación.

comisión de sanidad Su solicitud tenía como única finalidad advertirles de que antes de que ocurra algún percance mayor, se garantice por todos los medios la calidad asistencial de la prestación a todas las mujeres que se acogen a una IVE, para lo cual solicitaba que una Comisión parlamentaria visitara todos los centros acreditadas, así como que el Departamento de Sanidad realizara una inspección y control de los centros acreditados en base al artículo 5 del Decreto de 2010. No entiende por qué no le han contestado ni por qué el gobierno/consejería de Sanidad a dúo PSOE-PP no tiene a bien girar esta inspección de control; "bastaría con una somera inspección de control con los planos de cada centro, y entonces probablemente a la mitad de las clínicas concertadas se les retiraría la acreditación actual".

El doctor Gurrea no quiere cargar excesivamente las tintas sobre el hecho de haber recibido una mera notificación de recepción de su escrito ocho meses después de haberlo enviado y eso sólo tras múltiples gestiones telefónicas, ni porque no aceleran su petición de comparecencia, ante un riesgo cierto por pérdida de calidad asistencial. Porque el problema sanitario permanece ahí, la preocupación de este ginecólogo está en la calidad asistencial que cree puede no estar perfectamente garantizada.

normativa En principio, que un centro sea acreditado supone que la Administración "garantiza al paciente la calidad asistencial de la prestación en él". Y en estos momentos algunas clínicas por no cumplir no cumplen ni el requisito de espacio físico mínimo, y eso que han sido aceptadas como concertadas en un concurso público. "Recordemos -añade Gurrea-, que un concurso público es un paso que compromete al Departamento en esa calidad asistencial, como si ellos mismos directamente la prestaran. De hecho, sólo son privadas la titularidad del centro asistencial y la atención estrictamente quirúrgica, todo lo demás es público en este proceso de interrupción voluntaria del embarazo".

En la normativa es la administración quien abona los costos del tratamiento y acredita las clínicas, y también ella quien determina el centro al que acude cada paciente.

Ante la necesidad de garantizar la calidad y seguridad en la intervención de interrupción de la gestación, Gurrea considera que tal vez la adaptación a la nueva norma" de calidad" ha ido demasiado rápida y las nuevas acreditaciones concedidas tal vez hayan sido un poco precipitadas. "Tal vez una inspección seria y rigurosa abriría paso bien a una nueva adjudicación bien a un período de adaptación plena de las ya existentes a la vigente normativa" confía el ginecólogo, "todo sea por "garantizar la calidad de la prestación del aborto a todas las mujeres de la CAV" tal como estipula el Decreto.