La visita de tres días a España de la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, está sacando a la luz todas las miserias del bloqueo en la renovación del Poder Judicial con los dos principales partidos estatales, PSOE y PP, mareando la perdiz. Jourova se reunió ayer miércolescon el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que lejos de poner paños calientes a la situación culpó a los partidos del bloqueo de la institución que lidera.
Lesmes expuso a la comisaria que la “única anomalía democrática que existe hoy en España en relación con el Poder Judicial es la no renovación de los miembros de su órgano de gobierno”, en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Se trata de “un problema únicamente atribuible a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que no han llegado a un acuerdo sobre el momento y la forma de llevar a cabo esa renovación con transparencia y normalidad democrática”, informó el CGPJ en una nota.
Por ello, consideró “inaplazable” que se complete el proceso de renovación, más aun tras la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir al CGPJ realizar nombramientos cuando esté en funciones.
Esta norma “está provocando graves disfunciones” en el Tribunal Supremo -que ya cuenta con 14 vacantes en su planta de magistrados- y afecta también a la renovación del Tribunal Constitucional, al no poder designar el CGPJ a los dos magistrados que le corresponden de los cuatro cuyo mandato ha caducado.
Infracción
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de salir ayer al paso de esta marejada y afirmó que la propuesta que hará su partido al Gobierno antes de un mes para renovar el CGPJ irá en la “dirección de la Unión Europea”, con un mayor peso de los jueces en la decisión de su órgano de gobierno. El pasado martes, Vera Jourova urgió a poner al día el Poder Judicial para evitar una imagen de “politización” de este órgano.
La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua pidió a Jourova que abra directamente un procedimiento de infracción contra España por la ausencia de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
