El Govern enfría su relación con Moncloa, aparca la mesa y emprenderá acciones legales

Exige levantar el secreto de todas las actuaciones vinculadas al 'Catalangate'

26.04.2022 | 13:12
La reunión semanal del Govern celebrada ayer en la que se acordó restringir relaciones.

Todo el deshielo alcanzado entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación al conflicto catalán puede irse al traste a cuenta de la gestión de Moncloa del polémico espionaje al independentismo. La Generalitat acordó ayer martes restringir sus relaciones con el Gobierno español y dejarlas en "mínimos" hasta que se esclarezcan las denuncias y se depuren responsabilidades, al tiempo que estudia emprender acciones legales a todos los niveles. En este escenario, da por aparcada la mesa de diálogo en tanto que "ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes, y no se da ninguna de las condiciones" para que se pueda retomar esa herramienta de negociación. "No será habitual ver relaciones de alto nivel político, solo habrá las mínimas imprescindibles", consideró la portavoz Patrícia Plaja tras la reunión del Consell Executiu, si bien cada conselleria tendrá "su margen de actuación" para llevar a cabo los contactos que sean necesarios para desarrollar sus iniciativas, en especial en el ámbito técnico.

Según especificó, "solo se harán los encuentros necesarios o convenientes para aclarar los hechos sobre el espionaje, o los inaplazables por intereses del conjunto de catalanes", entre los que no está la mesa de diálogo, que queda "congelada". En semejante tesitura, se está a la espera aún de una "conversación directa" entre ambos presidentes, como solicitó Aragonès a Sánchez hace días. El texto de este acuerdo avanza que se solicitará al Consejo de Ministros el "acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group", creadora del sistema Pegasus. En particular, la Generalitat "denunciará" ante instancias internacionales, europeas, estatales y catalanas competentes la "vulneración de derechos humanos incluidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en el resto de normas de cabecera del ordenamiento jurídico".

Se encargará además al Gabinete jurídico de la Generalitat la propuesta de actuaciones legales ante instancias policiales y judiciales, para la defensa del Govern y sus servidores públicos, "incluidas las indemnizaciones que se puedan reclamar por daños y perjuicios sufridos, así como la coordinación de todas las actuaciones jurídicas que se lleven a cabo". El Govern pondrá en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos la existencia de una "brecha de seguridad". El acuerdo insta al Gobierno español a reformar la Ley de Secretos Oficiales y, en concreto, en lo referido al CNI, a regular su funcionamiento, con mecanismos adicionales de control "experto, independiente e internacional"; y a derogar la ley 14/2019, denominada "decretazo digital". El Ejecutivo catalán expresa el pleno apoyo a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y a las que puedan constituirse en la Eurocámara o el Parlament. La Cámara catalana decide hoy miércoles si lleva este caso a los tibunales.

Plaja avisó a Moncloa de que "no hace falta que malgaste intentos ni recursos en hacer creer que la democracia española respeta los derechos fundamentales". "Esto no va de espejismos ni ilusiones ópticas. Toca asumir responsabilidades, desclasificar y poner remedio. Los responsables deben irse", zanjó.

Defensor del pueblo

Actuación de oficio. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comunicó al CNI la apertura de una actuación de oficio para investigar el presunto espionaje y le solicitó información sobre sus protocolos internos para intervenir comunicaciones, la autorización judicial previa y el uso de Pegasus.

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