Ya no hay vuelta atrás. De manera solemne, con la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en Madrid, los gobiernos vasco y español han firmado este miércoles con carácter definitivo la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. Supondrá que Euskadi tramite el pago de esta ayuda social de principio a fin a través de Lanbide. Llega con año y medio de retraso y tras arduas negociaciones que llevaron al límite la relación entre el PNV y Pedro Sánchez, y su firma supone, por lo tanto, que ambas partes se quiten un peso de encima. Al menos en teoría, pueden abrir una nueva fase para negociar sin ese lastre la treintena de transferencias pendientes que recoge el calendario para cumplir el Estatuto de Gernika.

En la rueda de prensa posterior, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha elevado la presión al Gobierno español en dos frentes: el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que queda despejado con el precedente del IMV; y cuatro materias que quiere cerrar (trenes, litoral, meteorología y fondo de protección a la cinematografía).

Además, reveló que enviará próximamente una oferta sobre el traspaso de inmigración, que se puso sobre la mesa con Miquel Iceta como ministro y que no volvió a tocarse desde Madrid. Garamendi asumirá una posición proactiva y enviará una oferta de su cosecha a la ministra Isabel Rodríguez sin esperar acontecimientos, como ya ha hecho con la gestión del litoral, el servicio de meteorología y el fondo de protección a la cinematografía.

Este traspaso adquiere actualidad nuevamente en plena crisis humanitaria por la guerra contra Ucrania. La CAV quiere ejecutar la legislación laboral en las autorizaciones de trabajo, la inspección y la sanción; y desempeñar las labores de acogimiento y atención sociosanitaria, orientación, e integración social y lingüística. Catalunya tiene ya la transferencia de inmigración.

LAS CLAVES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La presión sobre la Seguridad Social también sigue. "Ha quedado demostrado que es posible profundizar en la descentralización de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sin romper nada, acercando la gestión del día a día a la ciudadanía. A través del diálogo leal entre gobiernos, todas las materias pueden y deben ser objeto de negociación y acuerdo. Estamos preparados para seguir hablando de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social", recalcó.

Garamendi se refería a que el traspaso del IMV ha supuesto activar por primera vez la disposición transitoria quinta del Estatuto para acordar las materias de la Seguridad Social. Esto es así porque el Gobierno español se empeñó en encuadrar la ayuda del IMV en el Ministerio de la Seguridad Social, en lugar de englobarla en la asistencia y políticas sociales. Esto propicia que se abra el melón de este traspaso, en torno al cual orbitan varias materias como el pago de las pensiones (solo su pago, no la regulación de su cuantía), o la inspección.

El PNV planteaba este miércoles en el Senado que el traspaso puede evitar problemas como los cierres de oficinas en Laguardia y Amurrio porque Sánchez no cubre las plazas.

TRENES: ¿SIN INFRAESTRUCTURA?

Pero hay más. El IMV era una prestación social nueva del Estado y, como tal, no aparecía en el calendario de traspasos. Ese calendario reúne una treintena de materias si se cuentan por separado las ramificaciones de la Seguridad Social, pero se incluyen otros asuntos ya en discusión. "Hemos intercambiado documentación e impresiones con el Gobierno español en torno a la materia del transporte ferroviario. Seguimos a la espera de respuesta", dijo Garamendi. En este debate, el Gobierno español se ha resistido públicamente a transferir la infraestructura, y solo habla del servicio. Será una tarea compleja.

"Una sola transferencia pendiente sigue siendo un incumplimiento. Hemos remitido al Ministerio propuestas de meteorología, gestión del litoral, y fondo de protección a la cinematografía. Han transcurrido casi tres meses. Seguimos a la espera", constató. La consejera recordó que el calendario ha quedado desfasado en las fechas, pero que su "determinación por llevarlas todas a casa es firme". Puso en valor también el ámbito de bilateralidad entre Euskadi y el Estado.

Garamendi compareció acompañada de una potente delegación del Gobierno vasco, que incluía a la vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, encargada de gestionar el IMV; el vicelehendakari Josu Erkoreka, presidente de la Comisión Mixta; y el consejero Pedro Azpiazu, quien tiene las claves en materia económica.

RODRÍGUEZ: "ONCE TRASPASOS FRENTE A CERO"

La ministra de Política Territorial ha respondido a las preguntas de los periodistas tratando de poner en valor que hay "voluntad" en el Gobierno español de Pedro Sánchez y que está "comprometido" con el Estatuto de Gernika. "Once frente a cero", ha contrapuesto, en una alusión velada a que, durante el mandato de Rajoy, no se cerró ni un solo traspaso. Justificó los retrasos actuales en que son materias complejas, y en los ritmos de la administración.

EL IMV

Se ha hecho oficial el traspaso del IMV, sin fecha de caducidad, íntegro y con arreglo al Cupo, de manera que Euskadi se descontará el 6,24% (188,57 millones) de lo que paga anualmente al Estado por los servicios prestados en suelo vasco. Esta ayuda se integrará con la RGI vasca. Con el IMV, Euskadi asumirá funciones como el pago, la supervisión, reintegro de cobros indebidos y defensa en juicio. El Estado se encarga de la legislación y los criterios de interpretación. Hay funciones concurrentes en las estrategias de inclusión, y se crea una comisión paritaria para coordinarse.

Se pone fin a la encomienda de gestión, que hasta ahora implicaba que la Seguridad Social tenía que autorizar el pago. El traspaso será efectivo en cuanto se publique en los boletines oficiales del Estado y la CAV, y no habrá un periodo de meses como sucedió con prisiones, como ya adelantó este periódico.