Las elecciones en Castilla y León, previstas para el 13 de febrero y que desde su misma convocatoria han adquirido una dimensión estatal, coinciden con la investigación por la supuesta financiación ilegal del PP en las primarias que celebró en 2017. En las mismas fue elegido Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de esta comunidad a través de donaciones anónimas para pagar cuotas atrasadas de afiliados, y que ahora están bajo la lupa judicial.
Cuando ayer lunes estaba fijada la declaración del presidente popular de Salamanca, Javier Iglesias, por esta causa, el secretario general del partido en Castilla y León, Francisco Vázquez, lanzó por la mañana un exabrupto al asegurar: "Esperamos que la Justicia se pronuncie, no la Fiscalía, como ha hecho hasta ahora, siguiendo instrucciones del Gobierno".
Unas horas después, Vázquez emitió un comunicado para "rectificar las desafortunadas palabras expresadas en la mañana de hoy". En el breve escrito, añadió que "la Fiscalía es un ente totalmente independiente y que actúa con rigor siguiendo la jurisprudencia y la leyes vigentes en nuestro país". En la rueda de prensa de la mañana, también fue preguntado por cómo puede afectar esta causa a la campaña del 13-F, a lo que respondió: "Yo creo que no le puede afectar en nada".
Comparecencia telemática
Ya por la tarde, el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y el representante legal del partido en esta provincia -como persona jurídica- se negaron a declarar como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca que investiga un posible delito de financiación ilegal en 2017.
Según explicó a los medios de comunicación el abogado de la acción popular, que ejerce Foro de Izquierdas-Los Verdes, Francisco Martín del Río, tanto Iglesias como el PP rechazaron declarar ante el juez instructor hasta que se resuelvan los recursos presentados en la Audiencia de Salamanca contra esta citación.
Además, Iglesias no acudió a prestar declaración presencial a los juzgados y compareció ante el magistrado de forma telemática argumentando que no se encontraba del todo bien por los efectos de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que le fue inoculada ayer mismo.
El juez imputó en noviembre a Javier Iglesias y a la gerente del partido, Isabel Sánchez, al considerar que existen indicios racionales de la presunta comisión de financiación ilegal a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias.
