El Govern se retiró como acusación en el juicio que debería haber arrancado ayer jueves en la Audiencia de Barcelona contra siete activistas vinculados al independentismo y acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a varios mossos en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont el 30 de enero de 2018 en el parque de la Ciutadella. La sesión quedó suspendida ante la petición de los agentes de la Policía catalana afectados de que querían continuar acusando a los imputados y el tribunal les concedió 15 días para que se busquen nuevos abogados y procuradores si desean seguir con el proceso. Este posicionamiento de la Generalitat ratifica la nueva andadura del Ejecutivo de Pere Aragonès tras su acuerdo de investidura con la CUP, con quien se comprometió a proceder así en los casos que afectaran a manifestantes soberanistas siempre que se dieran dos condicionantes: que no se pudieran acreditar las lesiones de los agentes y tampoco identificar a los causantes de esas lesiones.
El abogado de la Generalitat anunció que se retira como acusación particular por orden directa de la conselleria de Interior: "El criterio de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría". En verdad, las dolencias de los policías sí están fundamentadas: uno sufrió una contusión en la escápula izquierda; otro, una contusión en el hombro derecho; un tercero tuvo contusiones en un hombro, una mano, un muslo y una pierna; un cuarto agente padeció una en los genitales y en un hombro; y un quinto, una cervicalgia postraumática. Los propios letrados de la conselleria solicitaban antes de ser obligados a retirarse de la causa una pena de 2 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos. La Fiscalía, que sí mantiene la acusación, solicita una pena de 3 años de prisión para los siete acusados por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y delito leve de lesiones.
"Si no se puede identificar a los autores, no se puede acusar a nadie", aduce ahora la Generalitat, pese a que los informes de sus abogados durante la fase de instrucción sí identifican a los acusados, atribuyéndoles acciones concretas.
