El Gobierno vasco espera contar con la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) antes de que arranque 2022. Así lo corroboró ayer miércoles el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, al confiar en recibir este traspaso "antes de fin de año" si la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que debe formalizarse este mismo mes, es "adecuada, viable y aceptable". Tras el acuerdo alcanzado entre ambos gabinetes a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad en la primera votación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y tras un largo tiempo de fricción pública, principalmente con el ministro José Luis Escrivá; Lakua se prepara para desarrollar la "gestión íntegra" del IMV, de manera que Lanbide pueda gestionar el pago de esta ayuda social de principio a fin sin la tutela de la Seguridad Social, y sin condenar a los vascos a un peregrinaje farragoso de ventanilla a ventanilla. Una "muy buena noticia" para los intereses de Euskadi después de que este traspaso llevara un año bloqueado.
Moncloa se comprometió a presentar un planteamiento concreto a partir del cual comenzará la negociación entre ambos gobiernos, "porque una cosa es un acuerdo político al que se llega en las Cortes Generales, y otra que una transferencia hay que negociarla y materializarla, y, aunque las líneas generales están definidas, esa negociación hay que llevarla a cabo y el primer paso corresponde al Gobierno español", señaló el jeltzale en Bizkaia Irratia. "Por lo tanto, si durante este mes nos presentan una propuesta conforme a los compromisos adquiridos, quizás antes de fin de año podamos mantener una reunión de la Comisión Mixta y asumir nosotros esa gestión, que supondría una enorme ayuda, junto a nuestra Renta de Garantía de Ingresos (RGI), para el beneficio de nuestros ciudadanos y, en este caso, de los más necesitados", argumentó Erkoreka. Las instituciones vascas controlarán todo el proceso y no solamente la recepción de las solicitudes de los ciudadanos. Además, se respetará la fórmula del Concierto Económico, y se calculará su importe con la referencia del Cupo que se paga al Estado anualmente (6,24%). Por último, se incluirá en los Presupuestos la disposición adicional quinta del decreto 20/2020 que alude a las haciendas forales y justifica su capacidad para gestionar esta ayuda.
Asuntos pendientes
El foco queda ahora en la negociación sobre el soterramiento del Tren de Alta Velocidad (TAV) y las inversiones a través de las enmiendas parciales, cuyo plazo para registrarlas acaba mañana viernes. Todo apunta a que el Gobierno de Sánchez aceptará la encomienda de gestión para que Euskadi asuma las obras en Bilbao y Gasteiz y de esta manera se avance con rapidez. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confía en que en el citado periodo de enmiendas parciales se atiendan "demandas importantes" del Grupo Vasco para poder llegar a un acuerdo final que permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado, extraordinarios en volumen de cantidades aunque a lo largo de la legislatura deban ser ajustados por la inflación y la marcha de la economía. "Dependerá de cómo evolucione ese diálogo con el Gobierno para que nosotros podamos dar el acuerdo final, pero entiendo que hay consenso por las dos partes, tanto por el Gobierno como por la nuestra para intentar llegar a un acuerdo", reseñó en declaraciones a TVE el dirigente jeltzale.
En cuanto al compromiso del Ejecutivo de coalición para transferir a Euskadi la "gestión íntegra" del IMV, recordó que este traspaso "está en la Ley". "Lo sorprendente es que esto tenía que estar ya en marcha desde hace un año, desde octubre de 2020. El pacto, que se ha hecho con el conocimiento también del Gobierno vasco, tiene unas bases jurídicas sólidas, creo que está bastante centrado, que satisface a todas partes y entiendo que no va a haber problema para poder desarrollarlo", explicó Esteban. Tras sentenciar que el PNV cumple "sistemáticamente" con todo aquello a lo que se compromete, espera que "las otras partes también lo hagan", insistió.
En lo que atañe al TAV, la CAV se encargará de parte de las obras en el nudo de Arkaute y en Bilbao -el túnel de Zaratamo a Cantalojas- con una encomienda de gestión y, mientras tanto, podría haber "soluciones" provisionales que no cuestionarían lo pactado. Al margen de este asunto, sobre la mesa se hallan cuestiones como la incorporación de partidas plurianuales sobre infraestructuras que se han aplazado hasta 2023 -caso de los apeaderos en Gipuzkoa, la variante Ordizia-Beasain, el trayecto Aranguren-Balmaseda, la remodelación de Zorrotza y varios pasos a nivel-, o los proyectos de digitalización en los fondos europeos.
Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió en el inicio del debate de totalidad de los PGE, los acuerdos cerrados con formaciones como PNV y Esquerra para sacar adelante las Cuentas públicas, y rechazó las acusaciones de "traición" y "chantaje" por parte del bloque de la derecha. "Es más ni menos que la obligación de cualquier gobierno que quiere estabilidad, gobernabilidad y utilidad de la política", zanjó.
Entre tanto, el PNV se impacienta por la eterna demora en la reforma de la Ley Mordaza, bloqueada por los sucesivos plazos que se han ido dando PSOE y Unidas Podemos para tratar de consensuarla y que desespera al propio Esteban por el hartazgo que supone este "día de la marmota". En este terreno, los jeltzales persiguen una normativa de seguridad ciudadana que fije un equilibrio entre seguridad y los derechos fundamentales de las personas.
