- El juez Pablo Llarena no ceja en su empeño de lograr la extradición de Carles Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo (TS) ha remitido un escrito a la Corte de Apelación de Sassari donde le insta a entregar al expresident en tanto que, a su juicio, la euroorden que emitió el 14 de octubre de 2019 sigue vigente y no ha sido suspendida. El instructor aprovecha además para censurar el proceder de la Abogacía del Estado y afearle que se equivocó al trasladar esa impresión al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) por el planteamiento de la cuestión prejudicial. En el oficio enviado, Llarena explicita que si bien las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecen que la presentación de la cuestión prejudicial comporta la suspensión del procedimiento nacional, “la propia recomendación subraya que la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria”.
El juez añade que la decisión de prisión de Puigdemont y la orden de detención “tienen una indiscutible naturaleza cautelar” porque sirven para que el president en el exilio “quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que ha estado impedido por la fuga”. “Este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la Recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar”, zanja. Llarena precisa que después de que él solicitara por auto de 10 de enero de 2020 al Parlamento Europeo que suspendiera la inmunidad de Puigdemont, durante la tramitación parlamentaria de esta petición la autoridad judicial belga suspendió el procedimiento de ejecución correspondiente a la euroorden. El juez del Supremo incide en que dado que el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021, él informó a la autoridad belga para que pudiera reanudarse un procedimiento de entrega suspendido por esta causa. Tras esto, con ocasión de los procedimientos de ejecución incoados en Bélgica en virtud de las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig; el instructor del TS decidió presentar en marzo de 2021 una cuestión prejudicial “referida a la interpretación del derecho de la Unión sobre determinados aspectos por los que la colaboración judicial puede ser denegada entre Estados miembros”. Como respuesta a esa cuestión ante el TJUE, la autoridad judicial belga acordó paralizar y suspender los procedimientos de entrega que estaban en marcha en ese país.
Fue entonces cuando Puigdemont presentó una demanda ante el TGUE contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarle el privilegio de la inmunidad. Llarena matiza que si bien el demandado es europarlamentario, interviene como coadyuvante España, y sus intereses son defendidos por la Abogacía del Estado. En este punto, recuerda que la Abogacía “es un órgano no judicial que depende del Ministerio de Justicia”. El 30 de julio de 2021, el vicepresidente del TGUE dictó una orden donde desestimó la petición de medida cautelar formulada por el demandante por lo que mantenía la decisión de retirarle la inmunidad. Eso sí, reconoce que por expresa decisión del TGUE, Puigdemont puede reiterar la petición de que se suspenda cautelarmente la retirada de su inmunidad.
A partir de ahí Llarena dirige sus reproches a la Abogacía por informar al TGUE de que las euroórdenes estaban suspendidas, algo que entiende solo puede empezar a proceder él. “La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019 es una decisión de este instructor y nunca ha sido adoptada”, se jacta. No conforme con esto, carga contra los servicios jurídicos del Estado apuntando que esa situación “no sería desconocida para la Abogacía, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Supremo”. Cree que ese “desajuste” de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las euroórdenes aparece en una parte de la resolución del TGUE “al no haber podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las cautelares”.
Si persiste la decisión de retirar la inmunidad de Puigdemont “y solo en el supuesto de que la autoridad de ejecución italiana entienda que las cuestiones de la cuestión prejudicial pueden afectar a su propia decisión”, Llarena reconoce que debería paralizarse el procedimiento de ejecución hasta que hable el TJUE.
Esquerra habla de “deslealtad”. Junts y PSC se entienden en lo referente a la ampliación del aeropuerto de El Prat tras consensuar ayer una propuesta de resolución, que resultó aprobada con el respaldo de Ciudadanos, para que se mantenga el acuerdo entre Moncloa y la Generalitat y la inversión de 1.700 millones de euros. Ambos modificaron sus propuestas iniciales, incorporando, como quería Junts, que la ampliación se definiera en el Plan Director; y sobre la protección del entorno natural las dos formaciones pactaron un redactado alternativo al suyo que defiende que se “contemple el máximo respeto a la biodiversidad, el espacio natural protegido del Delta del Llobregat y las directivas ambientales europeas”. Sin citar a Junts, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó que “se vuelve a imponer la sociovergencia”. “Nos duele ver que se llegan a acuerdos que rehuyen la lealtad y los pactos entre socios”, censuró la dirigente republicana.
