“Me comprometo hoy y aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España”. Aquel 4 de noviembre de 2019, lunes, Pedro Sánchez tiró de beligerancia contra el independentismo en el debate estrella de la campaña electoral. Fue incluso explícito dirigiéndose al líder de la oposición: “A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia”. Horas después, en una entrevista radiofónica, desveló hasta el procedimiento: “¿La Fiscalía depende del Gobierno?... Pues ya está”. “¡Maldita hemeroteca!, debe pensar ahora. Justo cuando ha decidido emprender una estrategia de distensión con Catalunya, a caballo entre los indultos y la mesa de diálogo, al presidente español le persigue aquel horizonte que dibujó para ganar votos y que el soberanismo le recuerda desde que en la noche del pasado jueves el president en el exilio fue detenido en Cerdeña cuando iba a acudir a un acto internacional. Un evento más en su agenda que, por ejemplo, le llevó la semana pasada hasta la Asamblea Nacional francesa sin problemas ni vigilancia jurídico-policial.

La pelota está en el tejado de la Corte de Apelación de Sassari, que decidió ayer viernes dejar en libertad sin medidas cautelares a Puigdemont, por lo que puede salir de Italia sin restricciones de movilidad, teniendo que declarar el 4 de octubre para resolver la euroorden de arresto del Tribunal Supremo español. Dice la presidenta de la Corte, Plinia Azzena, que sigue gozando de la inmunidad propia de un europarlamentario y por lo tanto debe prevalecer su derecho a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, “garantizadas por la inmunidad, aún intacta”. El líder de Junts compareció desde la cárcel de máxima seguridad de Bancali por medios telemáticos, audiencia donde el juez le preguntó si tenía intención de regresar al Estado español, a lo que respondió que no. Su entorno agradeció verle en la calle y hasta allí se desplazó una marea de dirigentes independentistas, con Pere Aragonès a la cabeza. Todos ellos coinciden en que la Justicia española “engañó” porque la orden de detención del magistrado Pablo Llarena del 14 de octubre de 2019 no se podía ejecutar, según constata el auto del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que reza: “Mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto Puig y otros, nada permite considerar que las autoridades belgas o de otro Estado puedan ejecutar las órdenes de detención dictadas y entregarlos”. Hasta la Abogacía del Estado trasladó esta interpretación a Europa. Pero el juez del Supremo sigue en sus trece.

A quien salpica la historia no solo es a la Justicia española, sino también al Gobierno de Pedro Sánchez, que ve agrietada su estrategia de distensión para el conflicto catalán y hasta se le pueden complicar todos sus planes, entre ellos la aprobación de los Presupuestos y, por ende, el cumplimiento íntegro de la legislatura. La advertencia de Aragonès en su comparecencia junto a los consellers así lo corrobora: El arresto de Puigdemont “no ayuda en nada al proceso de resolución del conflicto político” y no contribuye a generar “confianza entre las partes”, cuya primera condición es “el fin de la represión”. Su proclama por la amnistía y la autodeterminación sonó más fuerte que nunca con la mesa bilateral en el punto de mira. Su vicepresident, Jordi Puigneró, de JxCat, fue más allá: “Nosotros ya avisamos en su momento que éramos muy escépticos con la mesa de diálogo, y estamos viendo cómo el tiempo nos está dando la razón”. No es de extrañar que Sánchez, además de ponerse de perfil en el aspecto judicial, optara por dirigirse de forma sibilina a ERC, a quien necesita para sacar adelante las Cuentas. “El diálogo es, si cabe, más necesario hoy; y lo será en el futuro. El mensaje es de compromiso y de reivindicación del diálogo entre distintas administraciones para que los catalanes puedan superar el trauma que supuso 2017”, reflexionó.

Moncloa sabe que no hay mejor pegamento en la paleta de colores del independentismo, dividido por la mesa, que un episodio de estas características, y más si afecta a un líder tan carismático como Puigdemont. Basta echar un vistazo a la reacción de las entidades sociales, que volvieron a reunir a la militancia en la calle para demandar la libertad del expresident. Todos los esfuerzos del Ejecutivo por rebajar la crispación podrían resultar baldíos y demorar una nueva cumbre entre los gobiernos, que de por sí no iba a citarse públicamente hasta tener acuerdos cerrados. Por ello, Sánchez trata de desvincular la situación “personal” de Puigdemont de la mesa tras atribuir al faro de Junts la pretensión de dinamitar sin éxito dicho foro.

interpretaciones

La clave de bóveda del estado jurídico real de Puigdemont es la siguiente: ¿La euroorden estaba vigente o suspendida? El matiz que resuelve la diatriba es que, aunque tuviera vigencia, a priori no es ejecutable. El Supremo afirma que siempre mantuvo en activo las órdenes de detención. Otra cosa es que desde el tribunal español pensaran que algún país las activaría habida cuenta de que se estaba la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre las razones que permiten rechazar una extradición. La defensa del expresident sostiene que España informó al Tribunal General que ningún país ejecutaría una orden de estas características, si bien no se dieron garantías de ello porque el Supremo jamás dictó un escrito retirando las órdenes de detención. Y el auto del TGUE retiró la inmunidad cautelarmente a Puigdemont alegando que no corría riesgo de ser detenido porque España indicó que “la ejecución de las euroórdenes” había quedado “suspendida” hasta que el TJUE resolviera la cuestión prejudicial.

Y mientras se asume que la detención amenaza la operación de diálogo, sectores del independentismo más pragmático, y hasta el líder de ERC, Oriol Junqueras, reclaman un “esfuerzo” al conjunto del independentismo para salvaguardar la mesa de “una parte del aparato del Estado que tiene interés en reventar cualquier posibilidad de negociación”. “Hay obstáculos, pero nos hemos de conjurar para superarlos”, añadió Aragonès. De hecho, la derecha, principalmente Pablo Casado (PP), no tardó en salir en tromba para predecir el final de la legislatura y advertir a Sánchez de que no se afane en indultar a Puigdemont. Todo, en puertas del 1-O.

el curso de su inmunidad

25-V-2019. Carles Puigdemont, junto a su exconseller Toni Comín, consigue un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo. En junio no acuden al Estado español a recoger su acta y la Eurocámara no les considera miembros para el comienzo de la legislatura.

19-XII-2019. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería haber gozado de inmunidad como eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los últimos comicios europeos, fallo que sienta jurisprudencia para los casos de Puigdemont y Comín.

13-I-2020. Los dos miembros de JxCat. son confirmados como eurodiputados. Esa misma jornada, el Parlamento Europeo recibe la solicitud de levantamiento de inmunidad para ambos políticos desde el Tribunal Supremo.

16-I-2020. El Parlamento Europeo da comienzo al suplicatorio y remite el caso a la comisión de Asuntos Jurídicos. Dos semanas después, el Brexit facilita que la exconsellera Clara Ponsatí también se haga con un escaño.

Marzo de 2020. La crisis del coronavirus paraliza los suplicatorios, pues se trata de un proceso que requiere la comparecencia en persona (y a puerta cerrada) de los diputados afectados para garantizar que se respetan todos sus derechos y que las audiencias sean totalmente confidenciales.

9-III-2021. El pleno del Parlamento Europeo retira la inmunidad de los tres eurodiputados.

19-V-2021. Recurren al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la retirada de su inmunidad y piden medidas cautelares.

2-VI-2021. El TGUE suspende provisionalmente el levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados catalanes, permitiéndoles asistir a la sesión de la Eurocámara en Estrasburgo.

30-VII-2021. El TGUE les retira la inmunidad al no ver riesgo de detención, ya que el Tribunal Supremo mantiene suspendidas las euroórdenes que dictó contra ellos.

23-IX-2021. Puigdemont es detenido en Cerdeña. Ayer quedó en libertad y puede salir del país.

“Esto no ayuda en nada al proceso de resolución del conflicto político ni sirve para generar confianza entre las partes”

President de la Generalitat