El Congreso aprobó ayer jueves por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética pendiente ya solo de su último tramite en el Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso, con competencia legislativa plena, dio luz verde -22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en el Estado español para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La futura ley fue apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Teruel Existe y ERC; el PP y Más País se abstuvieron y Vox fue el único partido que se posicionó en contra. La "falta de consenso, diálogo y de ambición climática de la futura ley", referida por una gran mayoría de los partidos, planeó durante todo el debate, ante una norma que podría entrar en vigor este mismo abril, dada su tramitación urgente, y que ha contado con cantidad de enmiendas, más de 750.
Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23 % las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 -tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año-, y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática. Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables -compatible con el cuidado del patrimonio natural-.
El PP criticó una norma que tilda de "perjudicial para muchos y sobre todo de desprecio a la España rural"; mientras que la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, piensa que es "un primer paso fundamental para este país sobre el que debemos seguir construyendo". En la misma línea, Juantxo López de Uralde (Podemos) afirmó que es "una buena ley" que acaba con "una estrategia de negacionismo" padecida durante años.
El PNV votó a favor al incorporarse enmiendas que impulsan la competitividad de las empresas y que respetan el ámbito competencial vasco. La diputada jeltzale Idoia Sagastizabal explicó que se viró de la abstención al respaldo al ver "un cambio de talante" en el Gobierno de coalición. Valoró la ley como "necesaria y urgente", y defendió una transición energética "justa y flexible, de la mano de una política tecnológica e industrial innovadora y sostenible, capaz de generar empleo de calidad y construyendo consensos".
