El cese del coronel Pérez de los Cobos, después de que se filtrara su investigación para determinar si fue una imprudencia celebrar el 8 de Marzo el año pasado en los albores de la pandemia, se ha convertido en un problema político para el ministro del Interior. Después de que la Audiencia Nacional asegurase el miércoles que la decisión de cesarlo fue "ilegal", Fernando Grande-Marlaska se enfrenta a la posibilidad real de tener que readmitirlo y volver a cesarlo argumentando mejor su decisión. Mientras tanto, la derecha española redobla el marcaje para pedirle que dimita, y la ultraderecha de Vox le abre otro frente en los tribunales con una querella por prevaricación. El Gobierno español aprieta los dientes y aguanta por ahora, porque la decisión se puede recurrir, y la Abogacía del Estado ha confirmado que lo hará. Este asunto ya no se centra en el 8 de Marzo, sino en la gestión del cese, y pone sobre la mesa de Marlaska una patata caliente.
El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, azote del independentismo catalán y autor de unos informes muy cuestionados sobre el 8 de Marzo, se ha vuelto en contra de Marlaska tras una desafortunada y errática gestión de esa decisión. El ministro no hizo sino enredar la situación con versiones contradictorias. El cese se produjo después de que trascendieran los informes de Cobos, plagados de inexactitudes y elaborados en plena investigación judicial para aclarar si el Gobierno español de Pedro Sánchez debió permitir las marchas del Día de la Mujer. Marlaska comenzó negando que fuera una purga y reduciendo lo sucedido a una remodelación de equipos. Después habló de pérdida de confianza y, por último, se informó de que Cobos habría sido cesado por no poner al corriente a Marlaska de su investigación sobre las marchas feministas. La derecha española, que ya tiene entre ceja y ceja a Marlaska por los acercamientos semanales de presos de ETA, cree demostrado por la sentencia de la Audiencia Nacional que el cese fue ilegal, y que el juez da la razón al coronel en su decisión de mantener la reserva sobre una investigación secreta por orden judicial. Por el momento, es un empeño de la derecha española, que no tiene mayoría en el Congreso.
Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro para acusarlo de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, una demanda que extiende al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Desde el PP, la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, insistió ayer jueves en la dimisión del ministro por el "varapalo" judicial, "tras el que debe coger la puerta e irse, no puede estar en el cargo ni un día más". Gamarra sumó otros argumentos, como el acercamiento de presos, o la patada en la puerta para irrumpir en pisos turísticos sin orden judicial ante las fiestas que incumplen la normativa sanitaria. "Un día sí y otro también reitera la legalidad de la patada en la puerta pese a que es una vulneración a un derecho fundamental, el de la inviolabilidad del domicilios", dijo. Sobre los presos, criticó que "desde que se conformó el Gobierno, todas las semanas acerca a cinco presos a cárceles próximas a sus domicilios". "Son cinco presos por cinco votos: los votos con los que Bildu respalda al Gobierno", lanzó.
Desde Ciudadanos, el candidato a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, dijo que el coronel es un "profesional con criterios técnicos y neutral que ha trabajado tanto con PP como con PSOE", y que la sentencia pone de manifiesto que el cese fue una "arbitrariedad" y fruto del "despotismo". Aseguró que el "ministro magistrado de carrera" debería "poner su cargo a disposición e irse del Gobierno para no manchar el nombre de España".
"Tras este varapalo, debe coger la puerta e irse; no puede estar ni un día más en el cargo"
Portavoz del PP en el Congreso
