El Gobierno vasco y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU entregó ayer miércoles un informe a la familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra, miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas desaparecido el 11 de junio de 1980, con el fin de otorgarle "reconocimiento social, político e institucional" por el "injusto daño sufrido", aunque "llega tarde". La entrega del informe tuvo lugar en un acto en Donostia en el que estuvieron presentes el hermano de Naparra, Eneko Etxeberria Álvarez; la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno vasco, Monika Hernando; el responsable de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, Jon Mirena Landa, y de una de las redactoras del trabajo, Bertha Gaztelumendi.
"El derecho a la verdad implica que tanto las víctimas, como sus familiares, obtengan respuestas para saber qué ocurrió con sus seres queridos y que se pongan todos los medios necesarios para que se pueda hacer justicia", subrayó Hernando, quien añadió que este informe "pretende contribuir a ese derecho a la verdad poniendo de manifiesto la injusticia del caso, lo que le ocurrió a José Miguel Etxeberria, fue y es todavía hoy injusto y no debe volver a ocurrir". Además, agregó que también pretende ser "una llamada de atención para que cualquier persona que pudiera tener algún dato, algún indicio, lo haga llegar al Gobierno vasco, aunque sea de manera anónima, con el fin de aliviar principalmente el sufrimiento de la familia". Por su parte, Mirena dio cuenta del análisis jurídico recogido en este informe, subrayando que la investigación de este caso, ha sido "claramente deficitaria".
Eneko Etxeberria agradeció a la UPV/EHU y al Ejecutivo vasco por el trabajo y destacó la "falta de voluntad política para sacar a la luz todos los casos" como el de su hermano y "todas las vulneraciones de derechos habidas". Así urgió cambiar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para "poder aflorar toda esa verdad que sigue oculta de todo lo que ha acontecido en este país con el objetivo de seguir adelante y tener una convivencia plena mirando al futuro pero sin olvidar el pasado".
Cuatro décadas
Naparra desapareció el 11 de junio de 1980 al acudir a una supuesta cita en Ziburu. Tenía 22 años y era miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA). El 27 de junio de 1980 Efe informó de que su desaparición había sido un ajuste de cuentas entre miembros de los CCAA, porque "junto a otro compañero habría viajado a Bruselas a comprar armamento pero se habría quedado con el dinero". Esta hipótesis dejó de lado una segunda mucho más factible que apuntaba al Batallón Vasco Español (BVE), organización de extrema derecha que asumió el crimen.
En 2016 se reabrió el caso tras conocerse nuevas informaciones que sitúan a Naparra enterrado en las proximidades de Mont de Marsan (Francia) de la mano de un exmiembro del CSIC Ramón Francisco Arnau de la Nuez que lo revela a un periodista. En 2017 las autoridades francesas realizaron las excavaciones en una de las dos zonas apuntadas en el informe "sin que se obtuviera ningún resultado" y, a partir de ese momento, según Gaztelumendi, "la lucha de la familia para que la causa siga abierta es impresionante". En mayo de 2018 la AN requirió a las autoridades francesas una nueva búsqueda, sin que "se haya hecho nada en ese sentido a día de hoy, incomprensiblemente". "Es un caso abierto", incidió la redactora del informe.
