Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno

Olatz Garamendi: "Es importante que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital sea íntegra y confío en la palabra del ministro Iceta"

13.03.2021 | 00:46
Olatz Garamendi.

La consejera constata que la negociación de transferencias ha recibido un impulso, y se prepara para presentar un informe sobre vulneraciones del autogobierno que la lleva a apostar por la "bilateralidad" con el Estado para evitar la erosión del Estatuto

Se han acelerado los contactos con los ministerios. ¿El Gobierno español ha tomado nota del descontento con el ritmo del cumplimiento del Estatuto?

—Más que de eso, hablaría de que, efectivamente, se han acelerado los contactos. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada con el ministro Iceta, que se encarga de los traspasos. Tenemos un calendario, que ya de por sí es un hito, pero ese calendario hay que ir cumpliéndolo. Y esto sí ha dado un espaldarazo al cumplimiento de ese calendario.

¿Es la negociación definitiva y se podrá cerrar todo esta legislatura?

—Le diría que espero que sí. Espero que esta sea la legislatura del cumplimiento del Estatuto. No admite dudas, porque estamos hablando del cumplimiento de una ley orgánica que ya tiene más de 40 años.

¿Le envía señales el Gobierno español en dirección a cumplirlo?

—La reunión con el ministro Iceta me da una sensación positiva en ese sentido. Espero que, de alguna manera, se favorezca ese impulso y ese nuevo andar para consensuar y poder desarrollar todas las transferencias.

En la negociación del Ingreso Mínimo Vital, ¿existe el riesgo de que llegue mercancía averiada, una transferencia que no sea completa?

—El Ingreso Mínimo Vital se tendría que haber traspasado ya en octubre y, si bien es cierto que se ha demorado, es precisamente por esta serie de cuestiones. Es un tema muy delicado y que tenemos que hacer bien. De lo que se trata no es de seguir con una encomienda de gestión. De lo que se trata es de un traspaso íntegro en el Ingreso Mínimo Vital. Aunque nos está llevando más tiempo, lo que queremos es zanjarlo de manera óptima.

¿El Gobierno español le discute que sea íntegro?

—Más que discutirlo, hay muchas opiniones sobre tecnicismos y cómo trasladarlos. Ha sido una cuestión bastante dificultosa llegar a todas las materias. El Ingreso Mínimo Vital es algo muy nuevo, aquí en Euskadi lo tenemos que conectar con la RGI... Es una cuestión muy técnica y sí nos ha dado dificultades, pero vuelvo a reiterar que entiendo que, con lo que estamos hablando, con los avances y con las reuniones planteadas, empezaremos a aclararlo y esa senda se podrá andar de otra manera.

¿El Gobierno vasco plantea que el importe del IMV lo fije Madrid y ponga el dinero, pero que aquí, desde una ventanilla vasca, se tenga la última palabra para conceder la ayuda al ciudadano sin intermediarios de la Seguridad Social?

—Como cualquier otro traspaso: cuando se transfiere una materia, se realiza en su integridad, con todos los contenidos, también el económico.

¿Qué supondría que no se hiciera así? ¿Ralentizaría los servicios de Lanbide al conceder las ayudas?

—Con la encomienda, lo que estamos desarrollando es esa labor de intermediación entre lo que se realiza desde aquí y lo que corresponde al Ministerio. Se trata de superar esa encomienda de gestión, y que íntegramente desde la comunidad autónoma se desarrolle todo el proceso, también la parte económica del mismo.

¿Hacer bien el traspaso es importante para usted porque abre camino a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social?

—Es importante en un doble sentido. Es muy importante poder compaginarla bien con la RGI porque estamos hablando de aspectos muy importantes que van dirigidos a personas con mayor vulnerabilidad y hay que gestionarlo muy bien. Y, por otra parte, es muy importante porque se trata de hacer un traspaso en su integridad.

¿Están diciendo lo mismo la parte del PNV del Gobierno vasco y la del PSE? La vicelehendakari Mendia enfrió que vaya a ser un pacto rápido, y dijo que la gestión íntegra lo complica. ¿Hay alguna disonancia?

—No, yo diría que no hay ningún tipo de disonancia. Lo que decía la consejera de Empleo y Trabajo era que hacía falta su tiempo precisamente para que el traspaso se pudiera hacer en condiciones y en su integridad. No es un traspaso fácil, y se refería a que se está dilatando y tampoco es fácil hacerlo de un día para otro.

¿Está garantizado que sea íntegro?

—Yo confío en la palabra del ministro Iceta, y lo que avanzó es que él entendía que podía trabajarse sobre esa posibilidad de que sea íntegro.

¿El plazo que marca el PNV, que el traspaso debe llegar antes del verano, es también una referencia para el Gobierno vasco?

—No me suelo aventurar nunca a dar plazos porque es bastante difícil atinar, y luego responder por ellos. Lo que sí puedo decir es que se está avanzando de una manera diferente. Hay reuniones a cuatro bandas entre el equipo de los ministros Iceta y Escrivá, y el departamento de Trabajo y Empleo, y el de Autogobierno.

Se anunció recientemente que el equipo de Mendia está en el grupo. ¿Ha habido algún pique en el PSE por la presión del PNV a Madrid?

—Si bien nosotros desde aquí negociamos todas las transferencias, el departamento de la materia que se trate es muy importante que participe, porque tendrá que gestionarla. Es muy relevante que Mendia participe.

¿El acuerdo sobre prisiones está ya cerrado y solo falta firmarlo?

—Lo importante del acuerdo, que es la voluntad de que vaya a transferirse, está ahí. Esa voluntad existe y es palpable. Otra cosa es que, en este momento, lo que estamos haciendo es detallar y concretar los aspectos que vienen ligados a esa materia: estamos ya con el traspaso de personal, equipamientos, mobiliario, etc.

¿Esta transferencia también incluye la voluntad de que pueda haber jueces penitenciarios vascos, o la última palabra sería de los jueces de vigilancia a nivel del Estado sobre los permisos, etc?

—Lo que se transferirá es la ejecución de la legislación penitenciaria, que va a seguir en manos de la administración del Estado. Por tanto, la transferencia será la gestión de los centros. Luego ya sabemos que en los centros penitenciarios, para las cuestiones referidas a los grados, etc., hay unas juntas de tratamiento; luego se decide a través de la dirección de Instituciones Penitenciarias, que será de la comunidad autónoma, y en última instancia está el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional.

¿El Estado debe asumir el coste de la nueva cárcel de Zubieta?

—Una de las cuestiones que estamos trabajando es esa. Se ha desarrollado una labor por parte del Ministerio, ha habido una adjudicación de las obras, y estamos analizando si vamos a subrogarnos en esa contratación o no.

¿Y la antigua cárcel de Nanclares?

—Lo estamos analizando.

El PP dice que los funcionarios de los edificios anexos quedan desamparados. Parece una patata caliente quién se va a hacer cargo de ellos...

—Que los funcionarios deban dejar el edificio es una cuestión del Ministerio del Interior.

¿Qué mensaje lanza la designación del juez Tapia como asesor para el futuro modelo penitenciario?

—Como estamos detallando los últimos flecos del traspaso, tenemos que estudiar y desarrollar nuestro modelo de régimen penitenciario. Para ello, acudiremos a los profesionales que nos puedan ayudar a conseguir un modelo penitenciario que se ajuste a las necesidades de esta sociedad. La consejera Beatriz Artolazabal siempre lo ha dicho: el modelo penitenciario vasco pretende estar dirigido a la labor de resocialización y reinserción.

Para el PP, esto se va a traducir en que las cárceles vascas van a ser un balneario para los presos de ETA...

—Nadie está pensando en resorts. Estamos pensando en hacer una buena gestión de los centros y contar con un modelo que sirva para una mejor y mayor resocialización de presos.

¿Los gobiernos vasco y español han aparcado parte de los once traspasos del bloque de marzo?

—Hay algunos que están más avanzados, pero no renunciamos a ninguno de los traspasos de ninguno de los bloques. Con el ministro Iceta abordamos algunas materias del segundo bloque. Puse encima de la mesa el tema de la inmigración y cercanías porque, sobre todo en la inmigración, son políticas que este gobierno está desarrollando y nos interesa avanzar.

Se cumple un año del primer estado de alarma. ¿Se ha quedado corto a la hora de dar un paraguas a las comunidades autónomas?

—De lo que se trata es de buscar otras vías de gobernanza colaborativa para poder incidir en decisiones desde el conocimiento aquí a pie de tierra.

¿Será necesario prorrogar el estado de alarma más allá de mayo?

—No tengo los suficientes inputs para darle una respuesta fidedigna.

¿Qué va a solucionar la ley vasca antipandemia si no puede saltarse el veto judicial al cierre de bares en zona roja ni tampoco ser ajena al marco del estado de alarma?

—En ningún caso planteamos eludir la acción judicial ni ir más allá de lo que prevé el estado de alarma. La pandemia se ha dilatado, y puede ser necesaria una regulación a largo plazo. Planteamos que pudiera analizarse si una ley puede garantizar mayor seguridad jurídica o, incluso, dentro de los parámetros regulados en el estado de alarma, matizar, desarrollar e interpretar cuestiones para que exista esa mayor seguridad jurídica.

¿Qué cuestiones?

—Tenemos muchos detalles en el Plan Bizi Berri.

Pero no podrían adelantar el toque de queda porque chocaría con el estado de alarma...

—Con el análisis de los servicios jurídicos, nosotros planteamos la ley en el marco del estado de alarma.

Iñaki Subijana presidirá el Tribunal Superior de Justicia. Otro candidato era el juez Garrido, que tumbó el cierre de bares. ¿La gestión de las medidas contra el virus va a tener el camino más despejado?

—Respecto al juez Subijana, lo que sí me alegra es que, después de ocho meses de interinidad y del veto en el Consejo General del Poder Judicial, por fin se haya podido avanzar y haya un titular de este alto tribunal, que da estabilidad a la administración de justicia. No me posiciono sobre la persona, que sé que tiene una larga trayectoria en los juzgados de Euskadi.

Si se estabiliza el virus, ¿se podrá recuperar la Ponencia de Autogobierno este año en el Parlamento?

—No puedo hablar de plazos porque corresponde al Parlamento pero, entendiendo que todas las instituciones hemos tenido como prioridad la gestión de la pandemia, hay otros temas importantes en los que avanzar. La Ponencia de Autogobierno está ahí. Hay un trabajo muy avanzado de un grupo de expertos y yo espero que se pueda retomar, porque el desarrollo y actualización del autogobierno es un tema que tiene que estar en nuestras agendas. Desde el Gobierno no podemos inmiscuirnos, pero prestaremos la ayuda que se nos solicite.

Tras las elecciones en Catalunya, ¿la solución es el derecho a decidir?

—La solución es la que adopte su ciudadanía. No quiero hablar por ellos. Sí espero que los lleve por la senda del diálogo y el acuerdo. Están viviendo una situación institucional y políticamente conflictiva, y necesitan andar en esa senda de acuerdo y negociación para una mejor convivencia.

"Con el juez Tapia acudimos a profesionales que nos ayuden con un modelo penitenciario acorde con las necesidades de esta sociedad"

"Las reuniones con los ministros han dado un espaldarazo al calendario del Estatuto; espero que sea la legislatura del cumplimiento"

"Al plantear una ley antipandemia, planteamos analizar si esa ley, dentro del estado de alarma, puede desarrollar y matizar"

"Espero que se pueda retomar la Ponencia de Autogobierno porque el desarrollo del autogobierno debe estar en la agenda"


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