tras la oportunidad perdida en 2019, ¿será esta la legislatura en la que se reforme la 'Ley Mordaza'?

—Primero a ver si arrancamos. Ahora que han pasado las elecciones catalanas debiéramos empezar los debates en ponencia, aunque todavía no se ha cerrado el periodo de enmienda. No sé cuánto tiempo pensarán alargarlo, espero que no pase como en la XII legislatura.

¿Temen entonces un bloqueo o una demora interesada?

—El bloqueo ya está. En la XII legislatura ya vimos un bloqueo por parte del PSOE y el PP. Pero al final empezamos a negociar y llegamos hasta el artículo 30 y fuimos rápido con una serie de consensos. Pero luego se disolvió la Cámara y nos quedamos colgados. Y ahora a ver cuándo arrancamos. Nosotros lo recordamos permanentemente y nos dicen que sí, pero no termina de arrancar.

¿Qué maniobras de demora están viendo?

—Lo que hacen algunos grupos es pedir ampliaciones de plazo a las enmiendas. Entonces, hasta que no se cierra ese plazo, no se empieza a negociar en comisión. ¿Y cuánto duran los plazos de enmienda? Lo que quiera la Mesa. La Mesa en este momento la controlan entre el PSOE y Podemos y semana a semana prolongan los plazos.

¿Ven posible que el PP se pueda sumar a esta reforma?

—No es que nuestro objetivo sea contar con el apoyo del PP, lo que pasa es que una ley de estas características, para que no ande cambiando de legislatura a legislatura como pasa con las leyes de Educación, debería contar con una mayoría transversal para que quedara estabilizada. ¿Se puede aprobar una reforma de esta naturaleza con los partidos de la investidura? Sí. Lo que pasa es que cuando haya un cambio electoral esa ley volvería a cambiar.

Otra cuestión de importancia en el Congreso en las últimas semanas es la de los secretos oficiales, para los que resulta urgente una nueva norma que ayudaría a aclarar algunos episodios de las últimas décadas. Como ejemplo, el 23-F, el 'caso Zabalza' o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz.

—La Ley de Secretos Oficiales tiene un patrón parecido a la Ley Mordaza. Nosotros la presentamos todas las legislaturas y al finalizar la legislatura decae la proposición. Siempre se va prolongando y ampliando todas las semanas el plazo de enmiendas. En esta legislatura llevamos ya ocho meses en periodo de enmiendas, con connivencia del PSOE y de Podemos. Tiene toda la pinta de que no hay una voluntad de empezar a hablar del asunto. Y hay muchos temas relacionados con esta ley. Tenemos todavía una legislación franquista y no entendemos por qué no se empieza a hablar del asunto.

Suena contradictorio que partidos progresistas y en favor de la memoria como PSOE y Podemos estén poniendo trabas.

—Pues sí. Te pones a analizarlo y cualquier progreso como este es un win-win. No se entiende que tengan una actitud como la que se podía tener en pleno franquismo. Nuestra idea es empezar un diálogo para homologar la legislación de secretos oficiales del Estado español a un modelo que participe de cómo se tratan estos asuntos en los países del entorno, en las democracias avanzadas. Ahora que está el debate de si la democracia está avanzada o consolidada, yo diría que tenemos una democracia mejorable. En puntos como este es manifiestamente mejorable.

Parece que los resquicios del franquismo están presentes en el día a día.

—Sí. En cualquier caso, nosotros seguimos insistiendo y lo recordamos en la tribuna.

El Ejército es otro foco en el que el discurso ultra está prendiendo.

—Lo que sorprende ahí es que el Estado español no se lo tome en serio y que no actúe como hemos visto recientemente en Alemania, donde la Administración toma cartas en el asunto e investiga si hay un caldo de cultivo en las instituciones de seguridad que permita que ese tipo de ideología florezca. En España se alega que es gente que ya no está en el Ejército y que es un chat privado. Pero han estado hasta antes de ayer en el Ejército. Y no es un caso o dos, son muchos.

¿Existe impunidad a este respecto?

—Impunidad no sé, yo lo que sí puedo decir es que no hay unas investigaciones abiertas de las que se dé cuenta a las instituciones como en los países de nuestro entorno. No hay un comportamiento objetivo de investigación de manera transparente.

¿Qué opinión le merece la actitud de la ministra Margarita Robles?

—Como responsable, lógicamente tendría que impulsar estas investigaciones y dar cuenta a la Cámara. No son casos aislados y hay que tomar medidas, pero hay un muro de opacidad y no sabemos nada.

Yendo a las grandes cuestiones de la legislatura en el Congreso, ¿dónde juega ahora mismo el PNV sus principales bazas?

—La cuestión transversal más importantes es la estabilidad. Y que cese ese ruido de fondo que se está produciendo. Hay una cacofonía entre los socios de Gobierno que realmente es perturbadora, porque fragiliza la actividad gubernamental en un momento de crisis sanitaria que arrastra una crisis económica y otra social. Es una circunstancia que nos preocupa y así lo hemos puesto de manifiesto. Otra cuestión es la recuperación económica y la gestión de los fondos europeos. Y, obviamente, el autogobierno y el cumplimiento del Estatuto. Este periodo de sesiones debe ser el tiempo en que se produzcan unos avances sobre materias como Instituciones Penitenciarias o el Ingreso Mínimo Vital.

Sobre los fondos de la UE, ¿tienen confianza en que el Estado cumpla la promesa de cogobernanza?

—Nosotros hemos apoyado los decretos ley para la gestión de estos fondos y estamos a la espera de que lleguen. Ya tenemos preparados los programas desde las instituciones vascas y ahora hay que confrontarlos con los fondos que lleguen. Siempre tenemos una actitud propositiva y positiva ante las cosas y esperemos que vaya bien; no tenemos por qué pensar que va a ir mal.

Y respecto al autogobierno, se intuyen avances. ¿Pero se puede esperar que el Estado cumpla con el calendario íntegro en esta legislatura o hay demasiados factores que pueden impedirlo?

—Vamos a ver si realmente se empiezan a dar los primeros pasos en la buena dirección, me refiero a este periodo de sesiones. Que antes del verano tengamos el paquete del que hablamos ahora. Las más relevantes son Instituciones Penitenciarias, que reclamamos desde hace 40 años porque está en el Estatuto, y la más reciente del Ingreso Mínimo Vital. Son los dos compromisos más relevantes que tenemos ahora encima de la mesa y que hay que culminar. Si no, estaríamos en una situación delicada con el Gobierno.

Da la sensación de que lo que el Estado español promete lo va demorando y hay que arrancárselo.

—Sí, a veces da la sensación de que hay un poco de dejadez, para no pensar mal... Ahora estamos muy encima y es público y notorio que se encenderían las luces de alarma si de aquí al verano no se culminan.

Como socio del Gobierno español en esta legislatura, ¿tiene mejor relación el PNV con la parte socialista del Ejecutivo que con la de Unidas Podemos?

—Nosotros tenemos una relación con el Gobierno. Lo que nos preocupa es cuando viene una iniciativa del Gobierno y desde el propio Gobierno surgen otras voces bombardeando o discutiendo en público sus propias iniciativas. Nosotros pedimos que debatan lo que tengan que debatir y ya después lo pongan encima de la mesa. Lo que no puede ser es empezar a debatir y luego que haya ruidos de fondo que perturban todo y no sepas a qué atenerte. Nosotros solo pedimos que vengan con los deberes hechos y con las discrepancias internas cerradas.

¿Qué tal es el trato con EH Bildu en el Congreso de los Diputados?

—Nosotros tenemos presencia en el Parlamento español desde hace 110 años y EH Bildu siempre ha despreciado la institución. Ahora se incorpora, lo que está muy bien, y hace su política mientras nosotros hacemos la nuestra. Sí nos llama la atención la condescendencia que tiene con el Gobierno español y la dureza que tiene con el Gobierno vasco.

¿Se podría establecer a medio plazo una suerte de 'frente vasco' en Madrid con la colaboración entre ambos grupos?

—A día de hoy Bildu tiene unas alianzas estratégicas con ERC y otras con Podemos. Entonces, las manifestaciones que tiene en la política vasca son de una oposición total y de una crítica total. Luego en Madrid hace sus políticas de condescendencia con el Gobierno español. El futuro no se puede pronosticar, pero a día de hoy la estrategia de Bildu campa por una oposición dura al PNV y al Gobierno vasco.

En el Congreso andan también a vueltas con las comisiones. Esta semana el PNV se ha sumado a la petición de investigación de las irregularidades de Juan Carlos I. ¿Ven algún futuro a esta vía?

—No creo que cambie nada, creo que esta comisión no va a ser aprobada. Pero nosotros tenemos que manifestarnos políticamente de esta manera, porque una persona que ha estado en la jefatura del Estado 40 años no puede relacionarse con la ciudadanía a través de su abogado y a través de miles de kilómetros. Entonces, creemos que en una sociedad democrática es lógico que el Parlamento tome cartas en este asunto. El PSOE y el PP se cierran en banda; nosotros creemos que esa no es la actitud correcta.

Aunque ha desaparecido la 'ley del silencio' mediático sobre las actividades turbias de la monarquía, en las instituciones la jefatura de Estado continúa blindada.

—Sí. Fue un modelo constitucional en un paquete cerrado y se introdujo en la Constitución la inviolabilidad en la jefatura de Estado. Además, esta inviolabilidad se ha interpretado de una manera totalmente expansiva. Es muy discutible si un jefe de Estado puede tener una actividad privada como un ciudadano. No la puede tener un secretario de Estado, un ministro o un presidente del Gobierno por la ley de incompatibilidades; sin embargo, aquí se ha visto con naturalidad que el jefe de Estado tenga una vida paralela. Y que esa vida paralela sea opaca y genere muchas dudas. No se entiende que se sostenga la garantía de la inviolabilidad para ese ámbito que no debería ni existir y que no se pueda investigar cuando los comportamientos aparentemente son tan poco ejemplares. Se entiende todavía menos que una vez salga de la jefatura del Estado, cuando ya es un ciudadano y no tiene una función pública en ese sentido, tampoco la Cámara pueda investigar.

Otra comisión que sí ha salido adelante, con un papel destacado del PNV, es la de 'Kitchen'. ¿Aclarará algo este órgano?

—Que vivan en el mismo tiempo una investigación política y una investigación penal sobre los mismos hechos y las mismas personas tiene un mal encaje. Porque, claro, si realmente comparecen en la Cámara las mismas personas que comparecen como imputados, el principio de no declarar en contra lo va a hacer muy inviable. Y cualquier documentación que se solicite que esté judicializada no la van a facilitar a la Cámara. Porque se protege a las partes en una fase de investigación. Pero, por otro lado, políticamente estamos obligados a hacerlo, la sociedad no entendería que la representación de la soberanía popular no dijera nada. Es una cuestión que ineludiblemente había que abrir, pero va a tener una vida peculiar y difícil.

¿Es una victoria el simple hecho de haber logrado crearla?

—Sí, es una victoria desde el punto de vista de la sociedad. Las instituciones no pueden dejar de intentar arrojar algo de luz, no podemos mirar para otro lado.

"Ahora que está el debate de si la democracia está avanzada o consolidada, yo diría que tenemos una democracia mejorable"

"Los militares ultras no son casos aislados y Robles tiene que tomar medidas, pero hay un muro de opacidad y no sabemos nada"

"Hay una cacofonía entre los socios de Gobierno que es perturbadora, porque fragiliza la actividad del Ejecutivo en un momento de crisis"

"Pedimos al Gobierno español que venga al Congreso con los deberes hechos y con las discrepancias internas ya cerradas"

"Nos llama la atención la condescendencia que tiene EH Bildu con el Gobierno español y la dureza que tiene con el Gobierno vasco"

"Una persona que ha estado en la jefatura del Estado 40 años no puede relacionarse con la ciudadanía a través de su abogado"