- Ruido de sables en Eusko Alkartasuna. La dirección del partido, encabezada por Eba Blanco, ha decretado la expulsión de la formación de dos miembros del Comité de Garantías, el órgano interno que vela por los derechos de la afiliación. Ha sido la mayoría de la Ejecutiva Nacional controlada por Blanco la que ha decidido, en un acto sin precedentes, dejarlos fuera de la formación. A los afectados, en todo caso, aún les queda recurrir esa decisión.

Las controversias en el Comité de Garantías vienen de lejos. Y este último paso dado por la dirección es tan solo un capítulo más de las desavenencias internas que se viven entre el bando oficialista -capitaneado por Blanco- y los críticos -liderados por Maiorga Ramírez-. El asunto se retrotrae a 2018, inicialmente, si bien la pugna subió de categoría durante el proceso de primarias un año después. DEIA ha tenido acceso a la misiva interna enviada a la afiliación de Araba, en la que su coordinadora territorial, Iratxe Lopez de Aberasturi, lamenta que “es una decisión sin precedentes dentro de la historia de EA que afecta, directamente, a las personas que ostentan la responsabilidad de garantizar los derechos de toda la afiliación y que fueron elegidos en el Congreso Nacional de 2017”. La decisión de expulsar a los dos miembros habría sido adoptada además tras una petición de amparo de una miembro del tribunal afín a Eba Blanco y actualmente nombrada miembro de la Comisión de Garantías de EH Bildu.

Las desavenencias en el seno de Eusko Alkartasuna, no obstante, vienen de lejos. Surgieron a raíz de la petición que en mayo de 2018 realizaron los coordinadores territoriales de Araba, Gipuzkoa y Nafarroa de poder acceder al censo de afiliados, una potestad que los estatutos les otorgan y la dirección les negó. El problema se agudizó en 2019, en el proceso para suceder al anterior secretario general Pello Urizar, del que salieron dos aspirantes: Eba Blanco y Maiorga Ramírez. Este último apoyado por pesos pesados de la formación como el fundador y lehendakari Carlos Garaikoetxea, si bien su candidatura fue anulada. Lejos de calmarse las aguas, las pugnas siguen en la actualidad, con los juzgados de por medio.

Ya en octubre de 2019, y cuando todavía no se había dilucidado la cuestión de la sucesión de Urizar, Blanco reclamó apartar a los dos miembros de la Comisión de Garantías, ya que a su juicio estarían “inhabilitados para ejercer sus funciones con neutralidad e imparcialidad, ya que es evidente que tienen intereses personales en el caso que les obligan a inhibirse”. Los críticos, por el contrario, han remarcado que el proceso disciplinario emprendido contra ellos estaría plagado de irregularidades.