Nueve grupos del Congreso, entre los que no se encuentra Unidas Podemos, registraron el lunes una nueva petición para que la Cámara abra una comisión de investigación sobre el rey emérito después de que Juan Carlos I pagara más de cuatro millones de euros a Hacienda en una segunda regularización. PNV, EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Más País y Compromís plantean que se indague sobre el origen de la fortuna del padre de rey, el posible blanqueo de capitales en el entorno de la Casa Real y hasta qué punto estaba informado de todo ello Felipe VI. Unidas Podemos, por su parte, no descarta volver a pedir que se investigue este asunto, pero delimitando la investigación al periodo posterior a la abdicación de Juan Carlos I.

Tras la primera regularización presentada por Juan Carlos I ya se planteó en el Congreso establecer una comisión de investigación, entonces sí con el apoyo de Unidas Podemos, iniciativa frenada con los votos de PSOE, Ciudadanos y Vox.

En el escrito, la formaciones firmantes plantean que el Congreso cree una comisión de investigación relativa "a la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí". El objetivo de dicha comisión es investigar las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real, así como de sus colaboradores, el origen y destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas tarjetas black y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí.

En concreto, quieren que el Congreso indague sobre la existencia de estructuras opacas "con la participación del ex jefe del Estado para la adjudicación de contratos irregulares", sobre las posibles cuentas irregulares de miembros de la Casa Real en paraísos fiscales, el origen de los fondos de las mismas y el mecanismo utilizado para su creación.

La comisión que impulsan estas formaciones debería investigar, asimismo, "el presunto blanqueo de capitales" por parte de Juan Carlos I, sus posibles actividades como comisionista, quién las conocía, quiénes eran sus colaboradores y las consecuencias y responsabilidades derivadas de las mismas. Los beneficiarios de estas actividades ilícitas o ilegales debe ser otro de los puntos a investigar, especialmente si entre ellos está Felipe VI y qué sabe el actual jefe del Estado de las actividades de su padre. Asimismo, sugieren como otras líneas de investigación los vínculos del rey emérito y otros miembros de su familia con la Fundación Zagatka, así como las influencias que las relaciones entre la Monarquía española y la saudí hayan podido tener en las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Abocada al fracaso

Lo cierto es que la petición está abocada al fracaso independientemente de la posición de Unidas Podemos ante la negativa, de entrada, de PSOE, PP y Vox, y la más que probable de C's.

A modo de aperitivo, la Mesa del Congreso no admitió el martes a trámite las comparecencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón; y del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón para que dieran explicaciones sobre las regularizaciones del rey emérito. La negativa de la Mesa de Congreso se basó en al artículo 95 de la Ley General Tributaria, que impide ofrecer datos tributarios privados. Además, se rechazaron varias preguntas sobre las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I y otras deben ser reformuladas, según el criterio de los letrados.

El secretario general del grupo socialista del Congreso, Rafael Simancas, aseguró que la colaboración del Gobierno y del PSOE con la justicia "está acreditada" e insistió en que cualquier investigación al rey emérito debe enmarcarse en el ámbito judicial y no parlamentario. "Las investigaciones sobre presuntas irregularidades se desarrollan en el ámbito de la fiscalía, ese su sitio. Aquí estamos para contestar, pero si hay que solicitar comparecencias de Hacienda para conocer datos tributarios personales, la ley lo prohíbe", señaló.