La secuencia parece imaginaria pero no descabellada: el emérito confirma que su salud le permite hacer dos horas de gimnasia diarias, blanqueo a su figura en el 40 aniversario del 23-F, el Congreso rechaza acabar con la inviolabilidad del monarca y la condición de aforados en la Familia Real española, y de repente una segunda regularización fiscal por parte de Juan Carlos I, como si todo ello formara parte de un cóctel que tuviera como objetivo su regreso al Estado español tras su huida a los Emiratos Árabes. Aunque desde Moncloa buscaron ayer la forma de desligar todas estas acciones, al igual que el comportamiento del emérito de las funciones desempeñadas en la actualidad por Felipe VI, a Pedro Sánchez no le quedó otra que expresar su “rechazo” a las “conductas incívicas” de Juan Carlos de Borbón, como lo siente “la mayoría de los españoles”, aunque salió en defensa de su hijo y de la institución monárquica, a quien entiende no se está juzgando porque el actual rey “ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad y la transparencia”.Ahora bien, el líder del PSOE no escondió que le causan “perturbación e incomodidad” las noticias referidas al anterior jefe del Estado, y es que después del segundo pago del emérito a Hacienda, cifrado en 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos, el foco se sitúa en el origen de este dinero y del que ya regularizó el pasado diciembre, que se quedó en una cantidad menor, 678.393,72 euros. Es decir, no pasó a limpio todas sus cuentas pendientes. La incógnita que sobrevuela es por qué Juan Carlos de Borbón avanza siempre un paso por delante y no siente el aliento en el cogote de la Fiscalía, como ocurriría con cualquier ciudadano de a pie de calle, y con su abogado metido en negociaciones directas con la Agencia Tributaria, algo que no procede en las reglas de juego cotidianas entre la población y el órgano fiscal.
El emérito ha puesto ahora en orden los fondos que recibió de la Fundación Zagatka para pagar vuelos privados por todo el mundo. La entidad administrada por Álvaro de Orleans, su primo, gastó entre 2009 y 2018 hasta ocho millones de euros en aviones chárter del monarca. Con este movimiento, intenta cerrar la puerta a una nueva causa penal. Que no exista requerimiento previo es importante: al apoyarse en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.
Pero hay más: para llevar a cabo esta segunda regularización, el emérito ha tirado de amigos empresarios que le han prestado el dinero, en función de su capacidad económica, según desveló ayer la Cadena Ser, sin que hayan trascendido sus nombres y las cuantías, pero que deja como telón de fondo la sospecha de qué razones les han empujado a esta entrega fraternal. O lo que es igual, si lo han hecho para devolver antiguos favores. Estos préstamos fueron debidamente formalizados ante la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid hace aproximadamente un mes. En este escenario, la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, Carmen Calvo, pretendió hacer ver que todo esto “no tiene nada que ver” con un primer paso para un posible regreso a España del monarca y que “en las relaciones directamente personales que cada ciudadano español, incluido quien ha sido jefe del Estado a título de rey, el Gobierno no tiene que inmiscuirse”. Dijo más, que es una demostración de que el país “funciona” cuando está en cuestión por qué la Fiscalía no persiguió antes a Juan Carlos I.
hacienda
La posición de Moncloa es arropar a Casa Real. “No se está cuestionando a la institución, lo que se está haciendo es poner en cuestión y mostrar dudas sobre una persona”. Tampoco quiso Sánchez ahondar en el trabajo de la Agencia Tributaria, sobre si su actuación ha sido adecuada o el rey goza de algún privilegio al no haber trascendido si se le abrió expediente alguno previo a la regularización. “No hay que cuestionar la profesionalidad, independencia y autonomía de la Agencia Tributaria. La regularización entra dentro de los derechos que tienen los contribuyentes. Si se han cometido irresponsabilidades en las obligaciones fiscales, hay que repararlas, faltaría más. Otra cuestión es el reproche que siente la ciudadanía, del que me hago partícipe”, recalcó.
No obstante, la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, censuró ayer la “lentitud” en la investigación al emérito y observa dudas acerca de los hechos regularizados, ya que encuentra una contradicción con el apartado sexto de la Solicitud de asistencia de la comisión rogatoria que envió el 16 de agosto de 2019 el fiscal de Ginebra, en la que señala que, según Álvaro de Orleans, la Fundación Zagatka pagó un importe aproximado de 3 millones de euros en los gastos de viajes del emérito y Corinna. Según esto, le habría reclamado a su primo el rey que le reembolsara los gastos relativos a esos viajes y por ello, el 4 de enero de 2011, le fue transferido a la cuenta de Zagatka, por mediación de Dante Canónica, la suma de 2.867.722 euros de los viajes en los que habría incurrido la empresaria y princesa alemana. Gestha entiende que la Agencia Tributaria ha actuado durante estos años “arrastrando los pies” por no abrir una investigación fiscal a pesar de todos los indicios con los que contaba.
La polémica con la Corona sigue dividiendo a los socios de coalición. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuestionó a los que aplaudieron la figura del emérito tras el acto del 23-F. “La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás”, subrayó. Desde Unidas Podemos, su presidente en el Congreso, Jaume Asens, criticó que las investigaciones de Fiscalía y Hacienda se estén llevando con “tardanza” y “pasividad”, sea o no de forma intencionada. “Parece que actúa por encima de la ley y que es diferente en cuanto a la asunción de sus responsabilidades al resto de ciudadanos”, afeó.
Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ironizó con el hecho de que “vaya casualidad” que se organizara el acto del 23-F “justo en vísperas” de que se conozca esta segunda regularización, y pidió que aclare el origen de su fortuna y su papel en el golpe de Estado. El diputado de Bildu Oskar Matute cuestionó la “facilidad de trato” que se otorga a Juan Carlos I para “blanquear” no solo a la monarquía, sino también sus fondos, y exigió saber “de dónde sale su fortuna”. En una entrevista que emitirá mañana La Sexta, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, añade que las sociedades se rompen cuando se deslegitiman las instituciones y avisa de que “la ley está para cumplirse”. “Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?”, señala sobre el emérito. Esta segunda regularización alimenta la especulación sobre el retorno del emérito. Pero Sánchez tiró balones fuera. “No entro”, reseñó, aludiendo a que se trata de una “decisión personal”.
“Siento rechazo ante las conductas incívicas pero no se está juzgando a la institución monárquica”
Presidente del Gobierno español
