El Govern ha aprobado este viernes por la tarde el decreto que pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y convoca los comicios para el 30 de mayo.

Lo ha explicado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en funciones de presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, en una declaración institucional telemática después de haber firmado el decreto tras la reunión extraordinaria del Consell Executiu.

Aragonès ha defendido que mantener las elecciones el 14 de febrero suponía un "riesgo inasumible" a nivel sanitario y afectaría a la participación electoral, y considera que la nueva fecha es la mejor opción para celebrarlas con seguridad.

A la salida de la reunión, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado su posición: "Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y aún más si es para llevarlas al 30 de mayo, porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos".

Iceta ha evitado adelantar si el PSC impugnará el decreto de aplazamiento del Govern, porque antes quiere leerlo con atención y comprobar si solo "cambian la fecha de las elecciones" o también "las reglas de juego", reabriendo los trámites ya cerrados del proceso electoral en curso y permitiendo modificar las listas presentadas, algo que consideraría "ilegal".

Por la tarde, tras la reunión extraordinaria del Govern para aprobar el decreto de aplazamiento, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha adelantado que en los próximos días se detallarán "los cambios y modificaciones que se tendrán que producir".

Por ejemplo, ha dicho, "es una evidencia que habrá que modificar el censo electoral", si bien "la voluntad del Govern es facilitar al máximo todos los procedimientos ya realizados con las convalidaciones de actos que sean necesarias".

Uno de los más favorables al cambio de fecha ha sido el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, que ha destacado que "el PSC se ha quedado solo" en el rechazo a la nueva fecha, defendiendo "posturas con tintes negacionistas".

La candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, se ha felicitado también por la fumata blanca sin que haya habido apenas "batalla partidista".

El PPC no ha puesto pegas al 30M, pero su secretario general, Daniel Serrano, ha pedido al Govern que "haga los deberes" y prepare todas las medidas necesarias para que ese día se pueda votar.

La CUP ha advertido que debe ser la Generalitat y no una institución estatal la que decida la fecha electoral.

Vox es la única formación que ya ha anunciado que buscará un "resquicio legal" para recurrir el aplazamiento electoral.

El PDeCAT ha avalado el aplazamiento, aunque proponía una fecha más próxima al 14F, mientras que el partido liberal Lliures ha denunciado que el retraso de las elecciones es fruto de una "mezcla del electoralismo imperante y de la incapacidad" del Govern.

Precisamente de electoralista han tachado la actitud del Govern desde las filas socialistas a raíz de un tuit de un responsable de comunicación de JxCat, Pere Martí, en el que afirmaba: "Ahora tenemos más tiempo para ganar bien".

"Ni dos horas han tardado en reconocer el motivo real para suspender las elecciones", ha denunciado el diputado del PSC Pol Gibert, en un tuit compartido por Iceta.

Que las elecciones tengan lugar el 30M implicará que si el calendario del Parlamento Europeo sigue según lo previsto ya haya una decisión sobre el suplicatorio para levantar la inmunidad de los tres eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí.

Aunque no hay una fecha cerrada sobre la decisión -la comisión de asuntos jurídicos ya ha escuchado a los implicados pero todavía debe presentarse y debatirse el informe del ponente- todo apunta al mes de abril como tarde, un horizonte que ha señalado como el más probable el presidente de esa comisión, Adrián Vázquez, de Cs.