Tras escuchar la avalancha de peticiones autonómicas lideradas por el lehendakari Urkullu, Pedro Sánchez va a decretar hoy el estado de alarma. Se va a parecer muy poco al que impuso en el apocalíptico mes de marzo y, como primera diferencia, no lo impone de manera unilateral, sino a petición de las autonomías para darles la percha necesaria que convierta en obligatorias las recomendaciones para restringir la movilidad contra el coronavirus que, en el caso vasco, fueron tumbadas por el Tribunal Superior sin la percha de la alarma. El presidente español tiene que confirmar los extremos del decreto públicamente en el Consejo de Ministros extraordinario convocado a las 10.00 horas. Urkullu le había pedido que deje la gestión del estado de alarma a las autonomías. Debe ser así si aspira a contar con los votos del PNV, Junts y ERC para prorrogarlo más allá de 15 días, y todo apunta, por la insistencia del ministro Illa en pedir que se clarifiquen de antemano los apoyos, que esta situación va para largo y habrá prórroga. La medida más compartida entre las comunidades es el toque de queda o la restricción de actividades por la noche, que será probablemente la estrella de hoy, aunque está por ver si Sánchez trata de establecer algún criterio homogeneizador.

Las consencuencias que tuvo en el PIB, el empleo y la moral colectiva el confinamiento domiciliario total en la primera fase de la pandemia han provocado que la inmensa mayoría de los actores autonómicos y Sánchez quieran evitar el cierre absoluto, con la excepción quizás de la Generalitat. Por lo tanto, hoy se espera que se confirmen tres singularidades del nuevo estado de alarma con respecto al que se impuso en marzo: no será el Estado quien lo apruebe de manera unilateral, sino a petición de varias comunidades con el liderazgo de Urkullu, secundado por el PSOE, los soberanistas de Catalunya, la Cantabria de Revilla y la Melilla de Ciudadanos, entre otros; Urkullu espera que la gestión quede en manos de Euskadi; y se evitará volver al cierre en casa, tal y como ha explicado Sánchez. La idea es fijar medidas intermedias y actuar para evitar ese escenario.

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En este esquema hay un cabo suelto y son las comunidades del PP, que evitan sumarse expresamente al consenso y, en el caso de Madrid, han aplicado un toque de queda nocturno light con tal de no pedir la alarma. Castilla y León también ha iniciado sus restricciones a la espera del aval judicial. Está por ver si la alarma será en todo el Estado, o en su mayor parte, aunque en algunos ámbitos se da ya por hecho que será en todo el Estado con el argumento de la gravedad extrema de la situación, con la acumulación de contagios por encima del millón. Urkullu lo pidió para todos.

Urkullu reclamó el estado de alarma como paraguas por las decisiones contradictorias en la justicia. El Tribunal Superior vasco ha tumbado las medidas de la comunidad autónoma para restringir la movilidad con el argumento de que solo se puede hacer con la declaración de alarma estatal. Necesita la alarma para que las reuniones de más de seis personas y la salida y entrada de los municipios con más de 500 contagios por 100.000 habitantes salvo para causas de fuerza mayor pasen a estar prohibidas y no sean meras recomendaciones. La petición de decretar la alarma la secundaron Catalunya, Cantabria, las comunidades gobernadas por el PSOE de Asturias, Extremadura, La Rioja, Nafarroa, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana, y la ciudad de Melilla.

El Gobierno español dispone de los votos necesarios para someter esta alarma al Congreso de los Diputados en el caso de que tuviera que prorrogarla. Aunque tiene los votos, el PSOE volvió a apelar ayer al PP para que no se descuelgue de este consenso y plasme con hechos su apuesta por la moderación y por romper con Vox. Pero el PP siguió defendiendo el plan B de la reforma legal, aunque ya no queda tiempo para abordarla. Barones clave como Feijóo desde Galicia recelaron del estado de alarma, aunque en la práctica les beneficia y no se descarta que se pongan de perfil.

El PP viene de mantener un pulso político desde la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso con el Gobierno español del PSOE. Ayuso se negaba a cerrar el perímetro de una decena de localidades porque apostaba por una actuación por barrios, y Sánchez terminó decretando el estado de alarma por las bravas solo en la comunidad. Ayuso insistía ayer en que el Gobierno tenga en cuenta su esquema de zonas básicas y horarios.

Sánchez ofreció hace meses un estado de alarma para las comunidades que lo pidieran, con mando autonómico. El viernes apostó por que las comunidades informen de sus medidas al Ministerio de Sanidad y sean ellas quienes gestionen. En el anterior estado de alarma, en fase 3, Sánchez delegó el mando en los territorios.