Catalina Pujana, la mecanógrafa exiliada que reclamó su dignidad

Catalina Pujana fue un ejemplo de desatino administrativo democrático tras la Guerra Civil y el franquismo

11.10.2020 | 01:12
Montaje con documentos propiedad del PNV alusivos a Catalina Pujana Larrinaga. Foto: I. Gorriti

SI la mal denominada Guerra Civil española tuvo episodios crueles, la posguerra bajo el gobierno totalitarista de Franco no lo fue menos. Fue una guerra camuflada que causó, entre otras realidades, situaciones de pobreza inimaginables. Es decir, con Franco no se vivía mejor.

Ni el hecho de haber trabajado para un gobierno durante aquella guerra militar española, aseguraba incluso ya en democracia una calidad de vida mejor o, al menos, digna. Incontables fueron los ejemplos y siempre anónimos. Hoy ponemos el foco, con el objeto final de demostrar que existieron, en uno de ellos, a modo demostrativo. En el de una mujer, Catalina de Pujana y Larrinaga o como también hacía constar al modo sabiniano en documentos del Gobierno de Euzkadi: Puxana eta Larrinagatar Katariñe.

En aquellas credenciales que a día de hoy aún se conservan aparece una profesión: mecanógrafa, a pesar de que como ella misma reivindicaba su cargo oficial en Hacienda de la administración del lehendakari Aguirre conllevaba más trabajos. De hecho, fue secretaria del consejero Eliodoro de la Torre o Manuel de Irujo durante un periplo contaste entre Euskadi, tanto Hegoalde Iparralde, Santander, Burdeos y Catalunya, según los designios de la guerra e, incluso, la Segunda Guerra Mundial en el Estado francés.

El PNV conserva documentos sobre su persona que exponen la indefensión de una mujer que tras la muerte de Franco cobró al año un total de 14 pagas de entre 23.000 y 25.000 de las hoy jubiladas pesetas. Es decir, entre 138 y 150 euros en el mejor de los casos.

DESTIERRO Y JUBILACIÓN

Catalina se dirigió al Gobierno vasco para solicitar amparo y garantías. De sus manuscritos se desprende su angustia. "Al regresar del destierro, los que habían perdido todo ni queríamos seguir viviendo", admitía tratando de hacer frente a una ley de 1983, cuyo contenido "está totalmente vacío", valoraba. "Tuvimos que trabajar en lo que fuera. Pasaron los años y llegó la edad de jubilación –en mi caso anticipada– por cierre de empresa, quedándonos una precaria pensión, que hoy, actualizada, alcanza la irrisoria cifra de 25.450 pesetas que no alcanza siquiera el salario mínimo interprofesional". Pujana, en 1984, se dirigía al Parlamento Vasco, al Gobierno para el que había trabajado con los máximos referentes históricos jelkides, preocupada porque "el asunto está paralizado en Madrid".

Delegación en Baiona

Catalina había nacido en Bilbao el 25 de noviembre de 1908, hija de Tomás Pujana y de Celestina Larrinaga. Durante el proceso puesto en marcha por ella relacionado con "los derechos profesionales y pasivos del personal que prestó servicios a la Administración Autónoma del País Vasco" estaba soltera y residía en Alameda Rekalde.

La vizcaina fue miembro de la asociación de mujeres nacionalistas vascas Emakume Abertzale Batza y afiliada desde su juventud al PNV por la junta municipal de Abando. Ingresó en calidad de mecanógrafa en agosto de 1936 en la entonces llamada Junta de Defensa en el Departamento de Finanzas, a las órdenes del director general Pedro de Albisu.

Al constituirse el 7 de octubre de aquel año el denominado Gobierno Provisional del País Vasco bajo la presidencia de José Antonio Aguirre, el Departamento de Finanzas pasó a ser de Hacienda. Pujana trabajó entonces a las órdenes del consejero Eliodoro de la Torre hasta junio de 1937.

Con Bilbao en manos de los ya para entonces franquistas, se trasladaría siempre leal junto al Gobierno vasco, en este caso a Santander. El 22 de agosto, embarcó en Ribadesella en el buque Marvia con destino en el puerto de Burdeos. Desde aquel punto galo, prosiguió viaje a la capital labortana de Baiona. Allí trabajó en la Delegación del Gobierno de Euzkadi hasta octubre de 1937, mes en el que fue destinada a desempeñar su cargo en Barcelona. "Trabajé en las oficinas de Don Manuel de Irujo, a sus órdenes, aunque seguí cobrando mis haberes del Departamento de Hacienda", pormenorizaba en sus recursos aportando documentos anejos que acreditaban tanto las sucesivas órdenes de traslado como los nombramientos.
 

ELIODORO DE LA TORRE

Según avanzaba la guerra, en noviembre de 1938 vivió un nuevo traslado. Retornaba a Baiona y trabajó a las órdenes de Francisco de Arregui, del departamento de Asistencia Social, hasta junio de 1940. Cuando las fuerzas alemanas nazis ocupan Francia, "fueron expulsados todos nuestros jefes. A pesar de ello, seguí recibiendo instrucciones de Eliodoro de la Torre que entonces se encontraba en Marsella, a través de Arregui, quien disponía lo que se debía hacer con lo que quedaba del departamento de Asistencia Social", apostillaba la dactilógrafa.

Regreso a Bilbao

Y su situación dio una vuelta de tuerca. De agosto de 1940 a noviembre de 1941 desempeñó su cargo para la delegación del Gobierno de Euzkadi, "pero no recibí ninguna retribución, dada la falta de numerario, y para poder subsistir me vi precisada a realizar labores de tejido de punto" que ponía a la venta.

En diciembre, retornó de Baiona a Bilbao. "Me encontré con serias dificultades para conseguir la entrada en territorio peninsular, que se acentuaron con el control gubernativo a que estuvo sometida Bilbao, lo que dio lugar a la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo, pues me era negado sistemáticamente todo acceso al mismo por los organismos competentes".

Tras conseguir trabajos temporales y "siempre inadecuados" –valoraba–, la bilbaina sacó unas oposiciones en mayo de 1943 y logró un puesto como auxiliar administrativa en la empresa entonces llamada Unión Química del Norte de España (UNQUINESA), en su fábrica de Barakaldo. En febrero de 1966, la firma cerró y Catalina fue jubilada de forma anticipada con la categoría de profesional de oficial de primera. Desde ese año y, por lo menos, hasta 1984 cobraba un total de catorce pagas de 23.565 pesetas al mes, es decir, 141 euros.

Reivindicó los derechos profesionales y pasivos del personal que prestó servicios a la Administración Autónoma del País Vasco