La mayoría de grupos parlamentarios, excepto PP y Vox, apoyaron ayer, como hicieran hace más de tres años, que el Congreso de los Diputados inicie de nuevo los trabajos para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza. Así, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y EH Bildu se mostraron a favor de tomar en consideración la propuesta del PNV para revisar esta ley, en vigor desde hace cinco años, y que en solo tres meses ha sido la norma más empleada por Moncloa para sancionar a quienes incumplían las restricciones del estado de alarma. Esta ley, que contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, fue aprobada en 2015 en solitario por el PP y acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición.

La propuesta del Grupo Vasco era la misma que presentó en marzo de 2017, que fue avalada y sobre la que los grupos se pusieron a trabajar hace tres años para activar la reforma, si bien esa revisión resultó fallida tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales el 28 abril de 2019.

Precisamente, el diputado del PNV Mikel Legarda, que defendió el texto, abogó por que los acuerdos adoptados en su día y de los participó el PP se retomen, ya que se había logrado mejorar sustancialmente una ley “controvertida, polémica y con baja aceptación ciudadana”. “La ley fue una respuesta autoritaria y de control al malestar social de entonces”, defendió Legarda, antes de argumentar que las sanciones ya no las dicta un juez penal sino la administración, sin tener en cuenta la capacidad adquisitiva del ciudadano. “Primero paga y luego recurre”, resumió. Emplazó además a que el debate de mejora de la ley “sea sobre seguridad y no sobre la policía. Sería confundir el dedo con la luna”.

Tanto el PP como Vox mostraron su rechazo y consideraron que no es el momento idóneo para retocar la ley, sobre todo cuando ha sido el instrumento normativo más empleado durante el estado de alarma. El PP defendió que “protege el derecho de manifestación pues a quien persigue es a aquellos que perturban el orden de la protesta legítima”. A favor de la toma en consideración del texto se mostraron el PSOE, Unidas Podemos, C’s y EH Bildu, mientras que algunas formaciones del Grupo Plural y Mixto se inclinaron por la abstención, al abogar directamente por derogar la norma.