La justicia andorrana investigará si el Gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula en el Ministerio de Interior presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de políticos catalanes durante el procés, a raíz de la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del colectivo de juristas Drets.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Batllia d’Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.
El juez andorrano considera que la querella, presentada por los delitos de “coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental”, expone unos hechos que “pueden ser constitutivos de responsabilidad penal y de los que se puede derivar una responsabilidad civil”. Por ese motivo, estima procedente admitirla a trámite para su investigación y remite las pesquisas a la Presidencia de la Batllia.
La causa se deriva de la querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el colectivo de juristas Drets contra Rajoy y la cúpula del Ministerio de Interior en la etapa de Fernández Díaz, por enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas; el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.
La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy “intimidaba” al Gobierno andorrano para precipitar el cierre de la entidad.
