Euskadi quiere gestionar la emergencia con sus competencias y mando de Urkullu

El Gobierno vasco señala la percha de la Ley de Gestión de Emergencias y el Estado no baraja recuperar el control

16.08.2020 | 07:51
El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente español, Pedro Sánchez, en una cita en 2018.

La comunidad autónoma vuelve a surfear en la complicada ola del coronavirus. El Gobierno vasco recuperará mañana la declaración de emergencia sanitaria para establecer algunas restricciones en el ocio y el transporte que ayuden a contener los contagios. Esta declaración llega en una nueva etapa política sin estado de alarma ni mando único desde el Ejecutivo español, y el Gobierno vasco trabaja con el escenario de que el lehendakari Urkullu conserve el control de la situación. La declaración de emergencia sanitaria implica, de hecho, la asunción del mando único por parte del lehendakari en funciones, y la activación del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI. Además, desde Lehendakaritza aseguran a DEIA que, en la fase 3 del estado de alarma, ya se dejó el mando a las comunidades, "esa fue la última decisión y lo que se aprobó en la última prórroga del estado de alarma; por tanto, hoy por hoy, las decisiones las tiene que tomar Euskadi", aclaran. Desde la consejería de Arantxa Tapia, que dirige la desescalada, trabajan con la idea de que en "las próximas semanas" el mando sea del lehendakari, y "para ello se va a declarar la emergencia sanitaria". En paralelo, el Gobierno español no baraja a corto o medio plazo recuperar el mando único.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró el viernes que el Gobierno español no estudia volver a los tiempos del control férreo que se estableció al inicio de la pandemia, en marzo: "Nosotros no estamos contemplando esto en este momento". Para tener el mando, le hace falta el estado de alarma. En marzo, el presidente español, Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma poco después de que Urkullu declarase la emergencia. Pero ahora no se espera la misma secuencia, ni volver a la vorágine de las prórrogas en el Congreso de los Diputados, unas votaciones cada vez más difíciles de superar. El Gobierno español cree también que la capacidad de las comunidades para hacer pruebas PCR es muy superior y el nivel de rastreo garantiza el control sanitario sin tomar decisiones tan extremas.

A partir de ahí, aflora un debate que añade cierta incertidumbre, pero no es Euskadi quien lo lidera, sino Galicia y el PP en general. Lo que ha hecho el ministro Illa en las últimas horas es pactar por unanimidad con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud unas medidas mínimas para restringir reuniones sociales, decretar el cierre del ocio nocturno en discotecas y bares de copas, y fijar una distancia de un metro y medio para fumar. La vocación es coordinar y por ahora no hay polémica, sino sintonía y decisiones compartidas en el marco de los mecanismos que habilita el decreto de la nueva normalidad tras el estado de alarma. Si alguna comunidad quiere endurecer las medidas, está en su mano. Pero el PP, desde su bastión en Galicia, está liderando el debate sobre la seguridad jurídica. El estado de alarma fue la herramienta utilizada por Sánchez para decretar un confinamiento total y limitar la movilidad de los ciudadanos. Sin ese paraguas, el PP cree que es necesario acometer reformas legales desde el Estado para proporcionar una percha a las comunidades y que puedan decretar restricciones en el horario de la hostelería o confinamientos selectivos sin peregrinar por los tribunales para tener el aval judicial.

Desde Lehendakaritza explican a DEIA que de momento la previsión es "aplicar nuestras competencias". La consejera Tapia explicó ayer sin atisbo de dudas que el plan de emergencias LABI habilita al lehendakari, como mando único, para tomar decisiones como confinamientos o actuaciones muy concretas y quirúrgicas. La declaración de emergencia sanitaria podría ser la percha que se necesita para restringir el ocio y lograr el aval judicial. Con los documentos en la mano, citó de manera expresa el artículo 8 de la Ley de Gestión de Emergencias, que faculta al lehendakari para establecer el confinamiento de personas en sus domicilios o lugares seguros, o la evacuación y alejamiento de zonas de peligro. Tapia interpretó que la idea del toque de queda por la noche, aunque no esté recogida de manera expresa, puede tener encaje en la percha de la evacuación de las zonas de peligro o las medidas extraordinarias. Con esa ley, se pueden limitar también actividades de riesgo y servicios públicos.

controversia 

El Gobierno vasco está pensando en bajar algunos peldaños en la vuelta a la nueva normalidad al ver el descontrol que está imperando en algunos ámbitos. Aclaró que no está hablando de regresar al riguroso confinamiento general de marzo, pero se estudian medidas quirúrgicas en barrios y localidades concretas, además de recortar los horarios y adecuar el transporte público a esa nueva realidad. Con el ocio nocturno se ha producido un tira y afloja con los hosteleros, con una decisión cautelar parcialmente favorable a sus intereses en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero el lunes habrá declaración de emergencia, la percha clave y, además, el Gobierno español y las comunidades han pactado un cierre del ocio nocturno que puede dar cierta cobertura adicional. Aun así, podría ser que el pulso siguiera y que las decisiones judiciales fueran diferentes en cada comunidad, o que los jueces no vieran una relación nítida de causalidad entre los bares y los contagios.

El estado de alarma está descartado. Debería prorrogarse de manera sucesiva sometiéndolo a votación en el Congreso, un test que es complicado que vuelva a superar Sánchez. Además, en los últimos tramos del estado de alarma, el mando único fue suavizado con la cogobernanza.

los matices de la ley

proporcionadas y sin indemnizar

Gobierno vasco. El artículo 8 de la Ley de Gestión de Emergencias que faculta al lehendakari para llevar a cabo confinamientos señala además que las medidas "tendrán una vigencia limitada estrictamente al tiempo necesario para afrontar la emergencia", "deberán ser proporcionadas a la entidad del riesgo", y "no darán derecho a indemnización alguna", tres claves que entran de lleno en el debate que se ha suscitado en el seno de la hostelería. Comunidades del PP como Galicia o Madrid sí piden cobertura estatal para evitar la inseguridad jurídica o soluciones dispares de los tribunales en función del territorio en el que se tomen.