Sánchez se abre a negociar con los alcaldes para evitar una derrota parlamentaria

Defiende el decreto que pide prestados los remanentes a los municipios, pero anuncia "mano tendida y disponibilidad"

13.08.2020 | 00:15
El rey, Felipe VI, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ayer en su despacho veraniego.

Cuando el Gobierno español escucha las protestas de los alcaldes, su primer impulso no es una rectificación total e inmediata del decreto que les pide prestados sus remanentes. Hay voces como las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el presidente socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, que siguen defendiendo que no hay nada que objetar en el decreto y retan a la oposición a explicarse si la medida se tumba en el Congreso de los Diputados. Pero su soledad parlamentaria es evidente y la campaña de boicot que se está larvando entre los alcaldes toca ya el corazón del Gobierno español de coalición con los comunes de Ada Colau, o incluso con regidores socialistas, un contexto donde el presidente Pedro Sánchez tuvo que plantear ayer las primeras ofertas de "diálogo, máxima disponibilidad y mano tendida". Sánchez comienza a reconsiderar este asunto y abre la puerta a que se puedan introducir modificaciones para evitar una derrota. El Gobierno español ya introdujo el martes algunos señuelos más que no fueron suficientes para aliviar el descontento. Por ejemplo, se ofreció a pagar los intereses que asumen los ayuntamientos por tener sus remanentes en el banco si es que le prestan esos remanentes, pero no basta porque no va a la raíz del problema y los alcaldes quieren poder gastar ese dinero y disponer con autonomía de sus fondos.

Tras su despacho veraniego con el rey, Sánchez no dejó de defender ni un segundo el decreto, dijo que es un "gran acuerdo", y que el origen de este entuerto es la ley del PP que impide usar los remanentes a los ayuntamientos, y que, a su parecer, el PSOE lo que plantea es una solución con el préstamo de ese dinero al Estado para recuperarlo en un plazo máximo de quince años, a cambio de una inyección de 2.000 millones este año y 3.000 el siguiente. Los alcaldes le exigen que cambie la ley de estabilidad del PP para permitirles disponer con autonomía de sus ahorros sin este rodeo, pero la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, salió al rescate del Gobierno español en un encuentro de La Nueva España asegurando que cambiar esta norma necesita un recorrido parlamentario largo "y para el proceso de reconstrucción es inviable". Los alcaldes del resto de partidos se temen que esto sea un pretexto para incautarse de su ahorro y financiar las políticas del Estado, y por esa razón creen que hay tanta resistencia en los socialistas a cambiar la ley. Voces del PSOE presionan a la oposición planteando un todo o nada: se apueba el decreto, o no hay forma de gastar porque la ley lo veta.

El presidente español dijo que está habilitando un mecanismo "dentro de la legalidad" ante la norma heredada del exministro Cristóbal Montoro. "Entre no usar ni un céntimo de los remanentes y tener 5.000 millones hay un abismo y hay claramente un cambio de tendencia", quiso defenderse. "Pero vamos a estar siempre dispuestos al diálogo. Nunca nadie se ha reunido tanto con los presidentes autonómicos. Los ayuntamientos tienen que ser protagonistas. Vamos a seguir negociando, máxima disponibilidad y mano tendida", ofreció. El socialista argumentó también que el decreto habilita un fondo de compensación para los municipios que no tienen remanentes, y también para cubrir el agujero por la caída del uso del transporte público con 400 millones. "Es un gran acuerdo", opinó, aunque añadió que está "dispuesto a seguir dialogando".

El horizonte que se abre ante el Gobierno español es negro. Tiene el rechazo del PP, C's, Vox, los comunes, Compromís, Junts, ERC, Coalición Canaria y BNG. El decreto debe ser convalidado en septiembre. El PNV también lo rechaza y avisa de que no se puede aplicar en Euskadi por su régimen foral, porque los ayuntamientos no se financian del Estado, sino de sus propios fondos y las diputaciones forales. EH Bildu comparte la negativa. Unidas Podemos se abstuvo en la reunión de la FEMP, pero existe un amplio descontento en sus representantes. El acuerdo fue aprobado por el voto de calidad de Caballero en la federación de municipios, y ayer dijo que, si se tumba el decreto, los ahorros seguirán "confinados". Montero aseguró que "no tendría ningún sentido" que el decreto se tumbara y no entiende las críticas. Volvió a recalcar que entregar el remanente es "voluntario" y, si no lo hacen, lo recibirán nada de los 5.000 millones.

PP. El vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, exigió ayer a Pedro Sánchez que "rectifique" el decreto sobre los remanentes municipales, que considera "discriminatorio" y "un chantaje", además de "una suerte de corralito de fondos públicos".

En una reunión con alcaldes del PP, dijo que "solo se puede calificar como un chantaje". "Este no es un problema entre el PP y el PSOE: es el PSOE el que se queda solo, el que crispa y el que ha aprobado un real decreto ley sin hablar con nadie", lanzó.

 

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