Derecho a decidir y consulta habilitante

- La prioridad de Urkullu es el empleo, pero no implica que vaya a renunciar a objetivos como la ampliación del autogobierno que, de hecho, le parece clave para afrontar retos como el que ha supuesto el coronavirus. El programa mantiene la apuesta por el derecho a decidir pactado e, incluso, someter a consulta el nuevo estatus que pacten los partidos en el Parlamento Vasco antes de llevarlo al Congreso de los Diputados para hacer fuerza y ganar legitimidad antes de abordar la negociación con el Estado, la llamada consulta habilitante. Estas dos propuestas lo separan de sus socios del PSE, pero el PNV las mantiene tal y como las defendió su jurista Legarda en el texto pactado parcialmente con los expertos del socialismo y Elkarrekin Podemos: dice que la plena realización de los derechos históricos se exterioriza a través del derecho a decidir de la ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado. Defiende que “no es una opción patrimonio de los nacionalistas vascos; se trata de un derecho básico de la ciudadanía, un derecho democrático que debe ser reconocido y su ejercicio concreto debe ser pactado y regulado legalmente”. Quiere promover la Ponencia de Autogobierno nuevamente esta legislatura (no se marca más plazos porque ve necesario el consenso), y pide una relación bilateral de naturaleza “confederal” con el Estado, con una Comisión de Concierto Político y una Junta Arbitral para conflictos de competencias. Urkullu aludió ayer al autogobierno apostando por uno “fuerte”, por el “pacto”, y por profundizar en la identidad vasca. Se pide completar el calendario de competencias, y lograr la descentralización del Consejo General del Poder Judicial y el traspaso del personal letrado de la justicia.