Derecho a decidir y consulta habilitante

El programa mantiene la decisión de los vascos y, en convivencia, extender la formación a 50.000 alumnos

25.06.2020 | 00:19

Bilbao – La prioridad de Urkullu es el empleo, pero no implica que vaya a renunciar a objetivos como la ampliación del autogobierno que, de hecho, le parece clave para afrontar retos como el que ha supuesto el coronavirus. El programa mantiene la apuesta por el derecho a decidir pactado e, incluso, someter a consulta el nuevo estatus que pacten los partidos en el Parlamento Vasco antes de llevarlo al Congreso de los Diputados para hacer fuerza y ganar legitimidad antes de abordar la negociación con el Estado, la llamada consulta habilitante. Estas dos propuestas lo separan de sus socios del PSE, pero el PNV las mantiene tal y como las defendió su jurista Legarda en el texto pactado parcialmente con los expertos del socialismo y Elkarrekin Podemos: dice que la plena realización de los derechos históricos se exterioriza a través del derecho a decidir de la ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado. Defiende que "no es una opción patrimonio de los nacionalistas vascos; se trata de un derecho básico de la ciudadanía, un derecho democrático que debe ser reconocido y su ejercicio concreto debe ser pactado y regulado legalmente". Quiere promover la Ponencia de Autogobierno nuevamente esta legislatura (no se marca más plazos porque ve necesario el consenso), y pide una relación bilateral de naturaleza "confederal" con el Estado, con una Comisión de Concierto Político y una Junta Arbitral para conflictos de competencias. Urkullu aludió ayer al autogobierno apostando por uno "fuerte", por el "pacto", y por profundizar en la identidad vasca. Se pide completar el calendario de competencias, y lograr la descentralización del Consejo General del Poder Judicial y el traspaso del personal letrado de la justicia.

En convivencia, se mantienen la memoria crítica y la deslegitimación del terrorismo y la violencia, así como reparar a las víctimas. Se propone impulsar un acuerdo plural para un acto institucional sobre la memoria reciente, "orientado a abrir una nueva etapa". Se recogerán testimonios sobre la afección del coronavirus, y se insiste en pedir al Estado el acercamiento de presos. En política penitenciaria, se defienden los principios de individualización, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción. Se mencionan la Ley de Memoria Histórica y el Plan Gogora 2021-2024, con un Museo del Bombardeo de Gernika y otro del 3 de marzo en Gasteiz. Se plantea extender el programa de formación en derechos humanos a 50.000 alumnos de entre 15 y 20 años.

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