- La jueza que instruye el presunto acoso denunciado por Ciudadanos (C’s) durante un mitin celebrado el 14 de abril de 2019 en Errenteria ha procesado a las 23 personas investigadas por estos hechos, a quienes atribuye la posible comisión de delitos electorales y contra el orden público.

El auto alude a delitos electorales regulados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que prevé una horquilla con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a 24 meses para el delito electoral, mientras que el segundo recoge posibles condenas que van de tres a doce meses de cárcel o multa de seis a 24 meses.

Esta causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia, después de que la Fiscalía de Gipuzkoa iniciara una investigación a raíz de una denuncia presentada por el partido naranja y su por aquel entonces presidente, Albert Rivera.

Ciudadanos, que previamente ya había realizado actos parecidos en Altsasu y Ugao-Miraballes -también considerados por sus alcaldes como provocación- aportó como pruebas varios vídeos y fotografías que mostraban pancartas amenazantes, cuentas de Twitter, así como varias imágenes e informaciones de ese día difundidas por varios medios de comunicación.

Rivera, acompañado de Fernando Savater y Maite Pagazaurtundua, llegó a la localidad guipuzcoana para protagonizar un acto electoral en una plaza céntrica, a la que accedió tras un paseíllo a pie por las calles del municipio, rodeado de su séquito y protegido por un fuerte cordón policial. Al llegar a la plaza, fueron recibido entre pitos, mensajes de desaprobación e insultos. Incluso les escupieron y lanzaron mecheros, monedas y huevos desde los balcones, según la denuncia de C’s.

El auto concluye que, “pese a que no se ha podido acreditar y se ha negado por todos los investigados que participaran activamente en la preparación del boicot al acto electoral”, no se puede “aceptar” que no lo conocieran o que “se lo encontraron sin más”. “Un acto electoral de estas características se prepara con tiempo y los llamamientos a su boicot, y los carteles y pintadas llevaban mucho tiempo en la calle y en la redes sociales, y no podía sorprender a nadie”, describe el texto.

Aunque el auto considera que la actuación individual “podría no entenderse grave”, la magistrada opina que en su conjunto contribuyeron “al ambiente de intimidación a los electores (de C’s) y a los asistentes al mitin”. A su entender, impidieron el desarrollo del acto “con normalidad”, lo que supuso “una vulneración grave de los derechos electorales” de los asistentes al mitin,”.

El auto recuerda que “fue tanta la afluencia de gente en las calles para ‘ver’ el acto y ‘recibir’ a los asistentes, que tuvo que intervenir la Policía en un dispositivo para evitar incidentes y controlar y contener a los ciudadanos del pueblo”.