Un desliz en la gestión municipal de Galdakao ha abierto una contradicción en el discurso de EH Bildu a nivel nacional. La coalición abertzale es la más crítica con las medidas de vuelta a la normalidad en plena crisis del coronavirus y cuestiona que la comunidad autónoma esté tan preparada como lo pinta el lehendakari y, sin embargo, ha celebrado una reunión con una veintena de personas en plena calle durante la vigencia del estado de alarma y las importantes restricciones de movimiento para los ciudadanos. La polémica estalló ayer después de que saliera a la luz pública que el alcalde de la localidad, Iñigo Hernando, de EH Bildu, y parte de su equipo de gobierno, se reunieron el pasado jueves en la entrada trasera de la iglesia de Usansolo con una veintena de personas del sector de la hostelería. La reunión, según publicó Abc y pudo confirmar DEIA, fue denunciada por varios vecinos en llamadas a la Policía local y terminó cuando la Ertzaintza se aproximó al lugar. El PNV pidió explicaciones ayer al alcalde en la Junta de Portavoces, y el PP de Bizkaia exigió su dimisión y que actúe la Fiscalía.

El episodio ha desatado un debate legal y político, y compromete al propio alcalde. Las concentraciones en la calle están limitadas por el estado de alarma, y más aún lo estaban la semana pasada, con Euskadi todavía en la fase cero y con salidas a la calle muy limitadas, para pasear con los niños, con la persona con la que se conviva o para desplazarse al trabajo o la compra. Pero el alcalde defiende que la reunión cumplió con lo establecido, que los participantes llevaban mascarilla y que, si la cita se produjo al aire libre y no en un espacio cerrado, fue para reducir el riesgo de contagio. Argumenta que el lehendakari también convoca reuniones. Pero la oposición cree que hay demasiados cabos sueltos, como que en realidad fue una convocatoria abierta en cuanto al aforo, de manera que se presentaron una veintena de personas pero podrían haber acudido cientos, dicen que tampoco es comparable a una reunión cerrada con un protocolo estricto alrededor de una mesa donde es posible planificar la distancia entre las sillas y las medidas de higiene con mayor fiabilidad y que, de todos modos, siempre quedaba la opción de la vía telemática, por videoconferencia.

El debate legal es muy poroso y no está tan claro, pero la discusión sobre la ejemplaridad sí está persiguiendo con fuerza a Hernando y parece que el propio alcalde admite que la imagen no ha sido edificante: desde el PNV aseguran que canceló una reunión prevista para el día siguiente, y llaman la atención sobre el hecho de que se produjera la cita del jueves detrás de una iglesia, como si se actuara a hurtadillas. Se da la circunstancia de que el equipo de gobierno es la máxima institución del pueblo y tiene a sus órdenes una Policía Municipal que vigila que el resto de vecinos cumpla.

El PP considera abiertamente ilegal lo sucedido y cree que no se pueden celebrar reuniones en plena calle. EH Bildu se ha aferrado al derecho de reunión aunque esté vigente el derecho de alarma. La jurisprudencia es escasa y contradictoria, como sucedió con las manifestaciones en coche durante el 1º de Mayo, que el Constitucional no vio viables aunque los participantes fueran cada uno aislado en su automóvil y evitaran así el riesgo de contagio. Este periódico trató de ponerse en contacto con el alcalde, su gabinete de prensa y también con EH Bildu a nivel nacional y territorial, pero se remitieron a las declaraciones ofrecidas a Efe. Por fuentes indirectas consultadas entre otros grupos del ayuntamiento, este periódico ha podido saber que el alcalde se justifica en que llevaban mascarillas y en que el lehendakari o el alcalde de Donostia, Eneko Goia, también se reúnen con agentes sociales. Las fuentes consultadas aseguran que la comparación no aguanta: son citas con los participantes sentados alrededor de una mesa y con un protocolo estricto que no se puede comparar con una reunión en la calle que, además, fue una convocatoria abierta sin controlar previamente el aforo. "Se presentaron 23 personas, pero podrían haber acudido 200", afeó el portavoz jeltzale, Fernando Izagirre, en declaraciones a este periódico.

Izagirre no lleva tanto el debate al plano legal, sino al de la ejemplaridad política y la responsabilidad. Denuncia que "hasta cinco concejales del equipo de gobierno, también de Auzoak y de Usansolo Herria, celebraron una reunión que podría haber sido telemática". "En la cita telemática que hemos tenido esta tarde, el alcalde nos ha dicho que sí, que se celebró la reunión. Tenía como orden del día abordar el debate de las terrazas y presentar una asociación, aunque yo me pregunto desde cuándo un ayuntamiento tiene que dirigir la creación de una asociación. La cita del jueves la convocó sin saber el aforo, abierta a los hosteleros. Si estaba tan bien hecha la reunión en Usansolo, ¿por qué suspendieron la que habían previsto el día 8 en Galdakao? ¿Cómo puede pedir paciencia a los ciudadanos en la desescalada y después actuar de esta forma?", se preguntó.

El PNV ve una "grave irresponsabilidad". "No es de recibo que la máxima institución de este pueblo pida una cosa y haga la contraria", recalcan. El equipo de gobierno lo forman Bildu, Auzoak, Usansolo Herria y Elkarrekin Podemos, tras unas elecciones donde los jeltzales y la izquierda abertzale empataron a seis escaños. La mayoría de gobierno es muy amplia y no se prevén consecuencias políticas. Desde el equipo de gobierno explicaron a Efe que la Fiscalía ha apoyado el derecho fundamental de reunión si se hace con precauciones, y defienden que tomaron "todas las medidas de seguridad", con mascarilla y distancias. Y que la reunión en un espacio cerrado hubiera sido más arriesgada. Argumentaron que fue en Usansolo porque la mayoría de hosteleros son de la zona y querían evitar su desplazamiento al núcleo urbano. La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, pidió a la Fiscalía que investigue.

"¿Cómo puede pedir paciencia a los vecinos en la desescalada y actuar de esta forma?"

Portavoz del PNV en Galdakao

"Es una vergüenza que siga en su cargo cuatro días después de los hechos"

Presidenta del PP de Bizkaia